Francisco Igea, procurador por Valladolid del Grupo Mixto, ha expresado su preferencia porque la Comisión de Ética se manifieste antes que la Fiscalía en relación a la acusación presentada por siete colectivos ecologistas contra Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por supuestos lazos con una empresa que promueve un «macrovertedero de residuos en San Justo de la Vega (León)».
«Espero que la Fiscalía Anticorrupción no encuentre caso en la denuncia que siete organizaciones ecologistas han puesto al consejero de Medio Ambiente», declaró Igea, quien también ha señalado la necesidad de un pronunciamiento por parte de la Comisión de Ética para clarificar si realmente existe un conflicto de intereses.
«Conviene que alguna vez se diferencie en esta Comunidad lo que es éticamente reprobable de lo penalmente punible», sugirió Igea, enfatizando que en la política hay acciones que no se deberían realizar «aunque a uno no le metan en la cárcel».
Igea ha argumentado que si la Comisión de Ética no se expresa sobre este asunto y deja la iniciativa a la Fiscalía Anticorrupción, ello demostraría que la comisión «sobra» y que «debería disolverse porque no tiene ninguna utilidad». «El caso yo creo que es lo suficientemente importante para que la Comisión de Ética no demore esa decisión», insistió.