El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha confirmado que la Junta de Castilla y León se encuentra activamente trabajando en los planes de restauración tras cada incendio, abordando desde el inicio medidas para prevenir daños en infraestructuras públicas, con acciones en 43 localidades consideradas ‘críticas’.
Durante una sesión en el Pleno de las Cortes, respondiendo a José Ramón García Fernández, procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Suárez-Quiñones fue interpelado sobre estas acciones. García Fernández expresó su preocupación al afirmar que a pesar de los anuncios de la Junta, ellos no están «viendo» resultados tangibles y criticó la posible demora en las ayudas prometidas, que podrían tardar ‘meses por no decir años en llegar’. Además, enfatizó la falta de acciones inmediatas como hidrosiembra o barreras de contención, criticando lo que describió como ‘inacción, improvisación y propaganda’.
El procurador leonesista también destacó los riesgos para la salud pública y las economías locales, subrayando que cada día sin medidas efectivas y cada lluvia que se presenta sin prevención adecuada son una ‘responsabilidad directa’ de la Junta por su ‘dejadez’ y ‘abandono’.
Por otro lado, el consejero explicó que tras declarar un incendio como extinguido, se procede a la evaluación detallada mediante cartografía satelital y se inician las primeras acciones de emergencia. Estas incluyen la instalación de barreras, la aplicación de paja en suelos para retener cenizas y la siembra rápida para proteger y rehabilitar el terreno. Además, mencionó la realización de un seguimiento exhaustivo de los recursos hídricos y suelos para prevenir la contaminación y aseguró que se han inspeccionado y analizado todas las captaciones de agua afectadas, todo dentro de un plan que supera los dos millones de euros y se centra en las áreas más vulnerables.