La disolución de las Cortes de Castilla y León y la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 15 de marzo, firmadas este lunes, dejan en el aire la convalidación parlamentaria del decreto ley de 18 de diciembre que recoge el incremento retributivo del personal al servicio del sector público autonómico. Esta norma tendrá ahora que ser refrendada por la Diputación Permanente.
A la espera de que el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) difunda el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria electoral para su entrada en vigor inmediata, será la Diputación Permanente la que asuma la validación de la subida salarial del 2,5 por ciento en 2025 y del 1,5 por ciento en 2026 para el personal afectado.
El decreto ley incluye asimismo la posibilidad de aplicar un incremento adicional del 0,5 por ciento si la inflación alcanza el 1,5 por ciento o más el próximo año, tal y como detalló el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tras la aprobación del texto en el Consejo de Gobierno y su remisión posterior a las Cortes para su convalidación.
Fernández Carriedo subrayó que la aprobación de este decreto ley obedece a la “necesidad urgente” de actualizar las retribuciones ante la aprobación y convalidación del Real Decreto-ley 14/2025 del Gobierno central.
Proyectos de ley que decaen con el fin de la legislatura
En la legislatura que ahora concluye han quedado sin culminar dos proyectos de ley: el relativo a la coordinación de las policías locales en Castilla y León y el de ordenación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales.
A ello se suma la retirada, en la fase final de su tramitación, del proyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género por parte de la Junta, pocas semanas después de que se rechazara el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026, tras prosperar la enmienda a la totalidad, así como los dos decretos de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales y de medidas urgentes en materia de incendios relativas al personal.
En cuanto a las iniciativas parlamentarias de los grupos, han quedado sin aprobar la PPL de modificación de la Ley Agraria y la de igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en la Comunidad Autónoma, ambas del Grupo Socialista; la PPL de medidas temporales y urgentes para la protección del patrimonio agrario y paisajístico de los núcleos rurales, registrada por Vox, y las de Medidas contra la Despoblación y del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Comunidad Autónoma, impulsadas por el Grupo UPL-Soria ¡Ya!.
A estas se añaden dos proposiciones de ley presentadas por los grupos Popular y Vox antes de la salida de los de Santiago Abascal de los gobiernos autonómicos: la Proposición de Ley para la modificación de la Ley del Ruido y la de modificación de la Ley de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
Tres intentos fallidos sobre derechos al final de la vida
Entre las iniciativas debatidas en esta legislatura destaca el rechazo, en tres ocasiones, de otras tantas proposiciones de ley de Derechos y Garantías de las Personas al Final de su Vida: la primera promovida por Francisco Igea, la segunda por el Grupo Socialista y la tercera por el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández.
Además, el Grupo Popular votó en contra, en el debate de toma en consideración, de la PPL de Concordia que había registrado junto al Grupo Vox cuando ambos compartían el Gobierno autonómico —la votación se celebró dos meses después de la salida de los de Santiago Abascal, que dejó al PP en minoría—.
La XI Legislatura concluye con un balance de 22 leyes aprobadas, de las que ocho proceden de los grupos parlamentarios, principalmente PP y Vox, y catorce han sido impulsadas por el Ejecutivo autonómico, que ha logrado sacar adelante ocho proyectos de ley y seis decretos leyes.
El último proyecto de ley promovido por la Junta que obtuvo luz verde en las Cortes fue el de Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado el 14 de junio de 2024, cuando Vox todavía formaba parte del Gobierno de coalición —la norma salió adelante únicamente con los votos favorables de PP y Vox, mientras la oposición se posicionó en contra—.
Actividad parlamentaria y datos finales de la XI Legislatura
De acuerdo con los datos recopilados por el Parlamento autonómico, durante este periodo se han solicitado y rechazado cuatro comisiones de investigación, se han celebrado tres debates de política general y se ha puesto en marcha una iniciativa legislativa popular (ILP) promovida por el sindicato CSIF para que haya un enfermero en cada colegio.
En cuanto a la labor de control, se han formulado 915 preguntas orales en pleno, 302 en comisión y 3.903 preguntas por escrito, además de 110 interpelaciones. Asimismo, se han aprobado 587 proposiciones no de ley (PNL) y 33 mociones. Han quedado pendientes 111 solicitudes de comparecencia y finalmente se han realizado 134.