La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado los recursos presentados por UPL, Soria Ya, En Común y Podemos-Alianza Verde, de modo que confirma que estos cuatro partidos no estarán en los debates electorales previstos en la Ley Autonómica para los comicios del 15 de marzo, fijados para el jueves 5 y el martes 10 de marzo.
En su resolución, la JEC ratifica el criterio de la Junta Electoral Autonómica y mantiene que solo participen los aspirantes de PP, PSOE y Vox --Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez y Carlos Pollán-- al ser “las únicas formaciones con grupo parlamentario propio en las Cortes de Castilla y León”.
Así, el órgano arbitral desoye las reclamaciones de UPL, Soria Ya, En Común y Podemos-Alianza Verde y basa su decisión en el artículo 31 bis de la Ley Electoral de Castilla y León, que obliga a celebrar al menos dos debates públicos entre los candidatos de fuerzas con “grupo parlamentario propio”. El acuerdo insiste en que se trata de un criterio “objetivo e imparcial” para fijar quién puede intervenir.
En relación con las coaliciones En Común, integrada por IU-Sumar-Equo, y Podemos-Alianza Verde, la JEC precisa que ninguna de ellas dispone de grupo parlamentario propio. En cuanto a UPL y Soria Ya, que comparten un mismo grupo parlamentario, la resolución detalla que por separado no alcanzaron los mínimos exigidos por el Reglamento de las Cortes —cinco procuradores, o tres procuradores y el 5 por ciento de los votos— para constituir grupo propio.
El texto advierte de que permitir que un “grupo parlamentario compartido” proponga a dos candidatos distintos para los debates haría que el criterio de representatividad resultase “arbitrario” y vulneraría el principio de igualdad en el proceso electoral.
Medidas compensatorias y posibles recursos
Aunque estos candidatos quedan fuera del debate principal, la Junta Electoral Central recuerda que los principios de pluralismo y proporcionalidad deben respetarse mediante “medidas compensatorias” en los medios de comunicación a favor de las formaciones que no intervienen en dichos debates.
El acuerdo de la JEC agota la vía administrativa y es firme, si bien contra él se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.