El consenso total en torno a la Ley de Puestos de Difícil Cobertura, destinada a garantizar la asistencia sanitaria en todo el territorio autonómico, ha puesto el broche final al último pleno ordinario de la XI legislatura en las Cortes de Castilla y León. La norma, impulsada por PP y Vox, ha salido adelante tras un intenso trabajo en comisión y la inclusión de numerosas aportaciones de la oposición.
Todos los grupos parlamentarios han respaldado la iniciativa y han defendido en el hemiciclo las enmiendas que se mantenían vivas. El procurador del PP Jesús María Sánchez Martín ha recalcado que la ley configura un marco estable de incentivos económicos, profesionales, formativos y de conciliación para lograr que los sanitarios se queden en los destinos más complicados.
En su defensa de la propuesta, Sánchez ha subrayado que el propósito último de la norma "no son solo los incentivos ni siquiera los profesionales, sino el paciente", situando a los habitantes de Castilla y León como "el vértice" del texto para hacer efectivo su derecho a una atención sanitaria de calidad, sin renunciar a ningún municipio ni "dejar atrás" a ningún vecino.
El parlamentario 'popular' ha calificado como "deber moral y cívico" la obligación de asegurar la asistencia sanitaria en el medio rural, más allá de las siglas políticas, y ha reivindicado el diálogo y el consenso alcanzados. A su juicio, la ley nace del respeto al territorio y del compromiso con las personas, con el fin de reforzar la "cohesión, igualdad y dignidad en los puestos de difícil cobertura".
Desde Vox, la procuradora Rebeca Arroyo ha puesto en valor la "voluntad de negociar inimaginable" mostrada por todos los grupos en la tramitación, tras escuchar a médicos y enfermeros e incorporar más de 20 enmiendas. Arroyo ha explicado que el texto incorpora mejoras en la carrera profesional, en los concursos de traslados y en la formación, con el objetivo de captar profesionales para áreas remotas donde la escasez de personal compromete la asistencia.
El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha defendido las tres enmiendas que mantenía vivas, finalmente rechazadas, entre ellas la denominada "enmienda romántica", que planteaba medidas sociales para las parejas o unidades familiares de los aspirantes contratados, como fórmulas de contratación combinada en centros cercanos.
Aun así, Pascual Muñoz ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado en torno a la ley, aunque ha lamentado que, tras cuatro años de legislatura, siga sin alcanzarse el Pacto por la Sanidad que, ha recordado, se viene reclamando de forma reiterada.
En su intervención, el procurador Francisco Igea ha valorado igualmente la voluntad de diálogo que ha rodeado a la norma y ha retirado las enmiendas que seguían vivas después de que una de ellas fuera transaccionada. "Yo sigo creyendo que era importante que hubiera un límite sobre la relación de tarjetas por habitante para proceder a la declaración de plazas de difícil cobertura, que es lo que es importante en la reordenación", ha concluido.
Por su parte, el procurador de Soria ¡Ya!, Juan Antonio Palomar Sicilia, ha confirmado su apoyo a la ley, pero ha criticado su "rechazo" a varias propuestas y ha señalado lo que considera errores de planteamiento: el uso de ratios de pacientes por profesional sin tener en cuenta la baja densidad de población rural, la declaración "de oficio" de los puestos de difícil cobertura sin automatismos que eviten la discrecionalidad del PP y el hecho de que el complemento de atención continuada se circunscriba solo a médicos, dejando fuera a enfermería y técnicos.
Además, Palomar ha advertido de que la ley no asegura plenamente la actividad asistencial pese a la reciente Ley de Blindaje de Servicios Públicos, y ha defendido sus enmiendas parciales para corregir "errores formales y de concepto", entre ellos la inclusión de otros colectivos, criterios objetivos adicionales y mecanismos de negociación en materia de productividad.
La procuradora de UPL, Alicia Gallego, ha apoyado el texto pero ha reprochado a la Junta de Castilla y León que haya esperado al último pleno de la legislatura para sacar adelante una ley "tan necesaria" sobre medidas extraordinarias para puestos sanitarios de difícil cobertura, insinuando que se utiliza ahora con fines electorales antes que para "atender ciudadanos".
Gallego ha recordado un acuerdo de marzo de 2023 en la Comisión de Recursos Humanos que ya instaba a declarar puestos de difícil cobertura en atención primaria con incentivos, y ha incidido en que el problema es "permanente" y se agrava en "regiones como la leonesa" por la dispersión, el clima y la orografía.
UPL ha mantenido 27 enmiendas vivas, todas rechazadas, entre ellas la creación de un nuevo artículo 18 para fijar criterios objetivos de difícil cobertura, como una distancia mínima de 50 kilómetros al hospital más próximo, la extensión del área de salud y la prioridad en concursos de traslados únicos. La formación leonesista se ha mostrado dispuesta a transigir para introducir matices territoriales y flexibilidad, al entender que "no todos los territorios son iguales" y que se precisa una cobertura estructural ajustada al medio rural.
Por último, el procurador socialista Jesús Puente ha defendido una Ley que, a su juicio, identifica de forma adecuada el fenómeno global de la "fuga de médicos" y ha recalcado la necesidad de aprobar en un plazo de dos años un Reglamento que permita desarrollar todo el potencial del texto.
Puente ha valorado el resultado como "positivo", fruto de un trabajo compartido que, ha dicho, dignifica la política cuando se orienta a soluciones concretas para la ciudadanía.
Contenido de la Ley de Puestos de Difícil Cobertura
La Ley de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura y garantizar la asistencia sanitaria en el Servicio de Salud de Castilla y León, presentada por los grupos Popular y Vox, pretende asegurar la atención en centros de salud, consultorios locales, pequeños hospitales y dispositivos de urgencias y emergencias, sobre todo en zonas rurales alejadas de las capitales de provincia donde se mantienen vacantes por su escaso atractivo profesional.
El texto establece criterios para identificar estas plazas, diseña un procedimiento específico para declararlas de difícil cobertura y despliega un conjunto de incentivos económicos, profesionales y organizativos para atraer y fidelizar a médicos y enfermeras en estos destinos.
Entre las medidas, se contempla un complemento específico de garantía asistencial para quienes ocupen estas plazas, que se añade al salario ordinario y se gradúa según los grupos profesionales. También se introducen ventajas extraordinarias en la carrera profesional y en la valoración de la experiencia en oposiciones, concursos de traslados y bolsas de empleo, de modo que el tiempo trabajado en estos puestos puntúe más que el desempeñado en plazas convencionales.
La norma aprobada este miércoles en las Cortes incluye asimismo medidas de "flexibilización" de jornada y horarios, con la opción de concentrar la actividad semanal en cuatro días y ajustar los turnos para minimizar los inconvenientes de los desplazamientos, siempre dentro del respeto a los descansos legales.
Igualmente, se otorga prioridad en la formación a quienes ocupen estos destinos, se prevén ayudas económicas para desplazamiento y alojamiento y se abre la puerta a medidas sociales complementarias, como facilidades en el acceso a vivienda y escolarización, además de propuestas de contratación combinada para parejas que decidan optar conjuntamente a estos puestos.
Para asegurar la continuidad asistencial en especialidades o servicios con mayores dificultades, la ley regula la declaración de "actividades asistenciales de difícil prestación" y permite recurrir a la prestación voluntaria de atención continuada en otros centros, a proyectos de gestión compartida entre áreas de salud y a la suspensión voluntaria de la exención de guardias para facultativos mayores de 55 años.