La Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León ha dado luz verde este lunes, por asentimiento y sin votos en contra, al Decreto-Ley de la Junta que fija el incremento retributivo para los años 2025 y 2026 de todo el personal al servicio del sector público autonómico, por un montante total de 403 millones de euros.
El aumento de sueldo se extiende también al personal de las universidades públicas y de los centros concertados, en aplicación de los acuerdos de analogía retributiva en la enseñanza concertada, y se reparte en 340 millones con cargo al capítulo I (gastos de personal) y 63 millones al capítulo IV (transferencias corrientes).
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha subrayado que el Decreto-Ley de 18 de diciembre de 2025 da “respuesta inmediata” a la normativa básica estatal aprobada por el Gobierno central mediante el Real Decreto-Ley de 2 de diciembre. Sin embargo, los grupos de la oposición han cuestionado la norma, a la que el PSOE ha calificado de “migajas”, Vox de “treta y farsa” y UPL de “timorata”.
Fernández Carriedo ha incidido en que el texto sometido a convalidación se limita “exclusivamente” al objeto que figura en su encabezado, “sin aprovechar la ocasión para incluir otras cuestiones de diferente naturaleza que puedan abrir desaveniencias entre los grupos parlamentarios”, en clara referencia al denominado ‘Decreto ómnibus’ del Gobierno de la nación. En la misma línea se ha expresado el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, que ha ironizado sobre el “popurrí” de asuntos incorporados por el Ejecutivo central.
Desde el Grupo Socialista, su portavoz, Patricia Gómez Urbán, ha replicado: “Nosotros siempre diremos que sí a todo lo que sea bueno para Castilla y León; nosotros no somos como ustedes --el PP--”, y ha reivindicado que la mejora salarial de los empleados públicos de la Comunidad se ha llevado a cabo “gracias a las políticas nacionales del Gobierno de España y no gracias a ustedes --la Junta--”.
Gómez Urbán ha puesto en valor la labor de los trabajadores públicos, a quienes ha definido como “la verdadera marca España”, y ha acusado al Partido Popular de “llevar años intentando privatizar y vender” los servicios públicos.
El portavoz de Vox, David Hierro, ha centrado sus reproches en el procedimiento elegido por la Junta para aprobar el incremento, a través de un Decreto-Ley “por la puerta de atrás” y “apenas a un mes de las elecciones”, y ha acusado al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de imitar “el modelo de Sánchez” del Real Decreto en lugar del “modelo del acuerdo”.
“¿Esta es la estabilidad que pretende el señor Mañueco para Castilla y León en un futuro? ¿Traer decretos leyes a las diputaciones permanentes o llegar a acuerdos en vez de romper las propuestas de la oposición?”, ha planteado Hierro, que también ha alertado sobre la falta de transparencia de la iniciativa y ha criticado a un PP que “se cree con derecho de pernada”.
En representación del Grupo Parlamentario UPL-Soria ‘Ya’, el portavoz leonesista, Luis Mariano Santos, ha tildado la subida de “timorata” y “sin ambición”, un “quiero y no puedo” que considera “muy, muy mejorable”, y ha atribuido la elección de la vía del decreto ley a una forma de hacer política sustentada en “la debilidad de una minoría”, aludiendo tanto al Gobierno central como al autonómico.
“Si usted hubiera querido reconocer ese trabajo --de los empleados públicos--, podría haber ido más allá y podría haber planteado complementos salariales que mejoraran también las condiciones de los empleados públicos; si usted no lo hace es porque lo reconoce, pero lo reconoce de boquilla”, ha remachado Santos.