Las Cortes de Castilla y León han dado luz verde, con el rechazo del PSOE y la abstención de Unidas Podemos y Francisco Igea, a una Proposición No de Ley impulsada por el PP para reclamar al Gobierno central que, en un plazo máximo de seis meses, elabore un Plan Nacional de Conservación Viaria coordinado con todas las administraciones responsables.
Según ha expuesto la procuradora 'popular' Elena Rincón, este futuro plan debería marcar prioridades de intervención, localizar los tramos más problemáticos y fijar objetivos cuantificables en línea con la Estrategia de Seguridad Vial 2030, después de constatar que “más del 50 por ciento de la red presenta deterioros graves o muy graves” y que los kilómetros en peor estado “se han triplicado” desde 2022.
Rincón ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “incumplimiento” respecto a los compromisos de la Estrategia de Seguridad Vial 2030 y del Plan de Actuaciones 2024-2025, al entender que no se están ejecutando con la seriedad necesaria para frenar el empeoramiento de las carreteras.
Con esta PNL, los 'populares' reclaman también analizar el nivel de seguridad de toda la red estatal mediante metodologías basadas en datos y tecnología avanzada, incorporar los avances del nuevo plan en los informes anuales de la Estrategia y estudiar fórmulas financieras y administrativas que aseguren una planificación “efectiva y realista” de su desarrollo.
La procuradora de Soria ¡Ya!, Leila Vanessa García Macarrón, ha censurado la iniciativa del PP, aunque finalmente la ha respaldado, al considerar “sorprendente” que sean los 'populares' quienes exijan “acción” al Gobierno cuando, a su juicio, muestran “inmovilidad sistemática” en las vías de su competencia en Castilla y León, con especial incidencia en la provincia de Soria.
Aun admitiendo el diagnóstico “alarmante” de la Asociación Española de la Carretera, que cifra en más del 50 por ciento la red española con deterioros graves, ha reprochado la “incoherencia” del PP, que dirige la Junta y, según ha denunciado, no actúa pese a tener “la defensa del estado de las carreteras” bajo su responsabilidad.
García Macarrón ha remarcado que Soria ¡Ya! ha registrado numerosas propuestas en la Comisión de Movilidad y en Pleno para acondicionar y actualizar carreteras “clave” como la SO-110, SO-152, SO-350 y SO-910, que enlazan núcleos relevantes y requieren obras urgentes por motivos de seguridad y funcionalidad, pero estas iniciativas han “chocado” con el rechazo reiterado del PP.
La procuradora ha alertado de que esta “desidia continuada” repercute en la seguridad de los conductores, incrementa los costes para los usuarios, lastra la competitividad económica y agrava los problemas de cohesión territorial en la España vaciada, al tiempo que ha reclamado respuestas “urgentes” que vayan más allá de “gestos aislados”.
En nombre del Grupo Socialista, la procuradora Laura Pelegrina ha afeado al PP que promueva una PNL para instar un Plan Nacional de Conservación Viaria mientras las carreteras autonómicas de Castilla y León, dependientes de la Junta, son, ha dicho, “las peor conservadas de España” tras 38 años de gobiernos 'populares', con un “deterioro” derivado de “desgana y desidia” que pone en peligro la vida de los ciudadanos.
Durante su intervención, Pelegrina ha recordado el fracaso de anteriores planes sectoriales, como el de 2007, con “hasta el 75 por ciento sin ejecutar”, y el de 2008-2020, “caducado e incumplido en el 76,5 por ciento de sus 5.478 millones presupuestados”, sin que se haya aprobado un nuevo plan pese a las promesas y la “propaganda”.
Asimismo, ha subrayado que el estado de las carreteras autonómicas contrasta con la inversión estatal de 1.562,5 millones en conservación en Castilla y León entre 2018 y 2025, frente a los 70 millones anuales que destina la Junta.
El PSOE presentó una enmienda, finalmente rechazada por el PP, lo que motivó el voto en contra de los socialistas. En ella se instaba a la Junta a aprobar, antes de que concluya la legislatura, un Plan Autonómico de Conservación Viaria que incluyera prioridades, calendario, financiación, tramos críticos y objetivos acordes con la Estrategia de Seguridad Vial 2030.
Por otro lado, la procuradora de Vox, Susana Suárez, ha acusado al Grupo Popular de “desidia” y “cinismo político” y ha señalado al PP por “mentir” a los castellanos y leoneses con promesas que no se cumplen, reclamando a los 'populares' que “mirarse el ombligo” por una dejadez que considera “compartida” con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que responsabiliza de “impedir” fijar población y generar empleo en el medio rural.
Vox registró una enmienda de adición, también rechazada por el PP, con la que pretendía instar a la Junta a diseñar un Plan de Carreteras autonómico con un calendario “preciso y vinculante” de actuaciones prioritarias en los tramos más dañados, detallando plazos, dotación presupuestaria por obra y un programa específico de mejora en el medio rural para asegurar la conectividad en zonas despobladas y envejecidas.
Suárez ha emplazado al PP a aceptar la enmienda y “aplicarse el cuento”, insistiendo en que la ciudadanía no distingue de quién dependen las vías y solo exige que sus impuestos se destinen a unas comunicaciones seguras para “llegar sano y salvo a casa”.