La actualización de la Ley de Publicidad Institucional en Castilla y León se efectuará a partir de mañana, tras la publicación del decreto completo hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Esta legislación fue aprobada en las Cortes sin el apoyo del PP, que gobierna en solitario la Junta, y fue promovida por el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández.
El documento del Bocyl detalla que la ley introduce cambios significativos en la gestión y difusión de campañas públicas. Se destaca en especial que el total de los contratos de publicidad institucional firmados por cualquier medio no podrá exceder el 33 por ciento del total neto de su facturación anual. Este aspecto ha generado controversia y, según el promotor de la ley, necesitará «remediar» para que no afecte negativamente a los medios más pequeños, limitando este porcentaje solo a los fondos de la Junta.
Como se menciona en el texto publicado, la norma impone que las acciones de publicidad institucional respeten la «diversidad territorial, social y cultural de Castilla y León, y se ajusten a principios como la transparencia, la objetividad, la protección de derechos fundamentales, la igualdad y la protección del medio ambiente».
La ley también veta «la contratación de campañas con medios de comunicación condenados repetidamente por infracciones a derechos como el honor, la intimidad o delitos de odio». Introduce la necesidad de «identificar claramente las campañas como publicidad institucional e incluir la mención expresa de la administración o entidad promotora» y prohíbe que los elementos de las campañas generen confusión con los usados por partidos políticos o grupos sociales.
Además, la ley pide que la contratación en medios digitales considere las métricas específicas de la analítica web, refuerza los controles y evaluaciones y exige la creación anual de un plan de publicidad institucional, a ser aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado en el Portal de Transparencia. Obliga también a la elaboración de informes evaluativos por el Consejo de Cuentas y la remisión de estos a los grupos parlamentarios, junto con la publicación anual de un informe sobre la inversión en publicidad y la comunicación trimestral de los contratos a las Cortes de Castilla y León.
Adicionalmente, se establece el Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre y se ordena la convocatoria de un nuevo concurso para la concesión de la televisión autonómica. Durante los periodos electorales, se prohíben las comunicaciones sobre proyectos, planes o resultados.