El Parlamento de Castilla y León ha solicitado la destitución inmediata de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras detectarse «graves fallos» en el sistema de las pulseras anti-maltrato. Esta petición, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, ha sido apoyada por la mayoría, aunque encontró la oposición del PSOE y de Unidas-Podemos, quienes defendieron la efectividad del sistema.
La Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP fue aprobada con los votos de PP, Vox, UPL, Soria ¡Ya!, Por Ávila, Francisco Igea y dos procuradores no adscritos. La procuradora del PP, Inmaculada Ranedo, ha calificado la situación de «negligencia culpable» y ha criticado que, a pesar de las advertencias, la ministra no tomó medidas correctivas adecuadas.
Ranedo ha destacado que los errores han resultado en «multitud de sobrevimientos provisionales y fallos absolutorios a agresores», exigiendo al Gobierno información detallada sobre las víctimas afectadas en Castilla y León y la adopción de medidas urgentes para resolver estos perjuicios. Por su parte, tanto la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, como el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, han asegurado que las medidas de protección para las víctimas de violencia de género han sido efectivas. Fernández ha remarcado que «ni una mujer ha sido asesinada» usando las pulseras desde la implementación del sistema.
La discusión también abordó otros temas, como la gestión de incendios en Castilla y León y la política de prostitución, destacando las tensiones y críticas cruzadas entre los diferentes partidos.