Las Cortes de Castilla y León han aprobado la Proposición de Ley que reforma la norma de Publicidad Institucional con el único voto en contra del PP, que se ha negado a ser partícipes de lo que han considerado una «chapuza legislativa», y pese al reconocimiento de su promotor, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, de que la norma tiene «fallos» que en un futuro «se pueden remediar».
Fernández ha expuesto la norma ante la Cámara y desde el convencimiento de que este miércoles «se acaba con décadas de compra de los medios de comunicación por parte del PP». «Sí, si esta proposición de ley tiene fallos se van a remediar», ha admitido, al tiempo que ha defendido la necesidad de que los pequeños medios de comunicación puedan sobrevivir.
De este modo, ha apuntado a una posterior reforma para que quede claro que el límite de aportación de la publicidad institucional del 33 por ciento de la cifra neta de la cuenta de resultados de los medios sólo afecte a la Junta y no a otras administraciones como ayuntamientos o diputaciones. «Se puede remediar», ha relatado.
No obstante, la modificación de la Ley de Publicidad Institucional se ha aprobado definitivamente con el apoyo de 41 procuradores (28 del PSOE, 11 de Vox y los de Francisco Igea y el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández) después de que Por Ávila y los dos procuradores no adscritos se hayan sumado al rechazo inicial del PP y de la abstención de del Grupo UPL-Soria ¡Ya!, pese a que votó a favor del Dictamen de la norma en la Ponencia.
Fernández ha aprovechado su intervención para acusar al PP de «utilizar la publicidad institucional para favorecer informaciones afines y silenciar a la oposición» y ha destacado la importancia del consenso alcanzado entre los grupos de la oposición para sacar adelante la reforma, algo que también se ha hecho por parte del resto de grupos de la oposición.
Así, el procurador de Unidas Podemos ha subrayado que, por primera vez en 37 años, una ley sale adelante en las Cortes autonómicas con el único voto en contra del PP, lo que, en su opinión, supone «el fin del dominio mediático» y de la utilización de recursos públicos para favorecer a «pseudo medios» afines al PP.
Por su parte, la procuradora socialista Nuria Rubio ha defendido la importancia de la reforma de la Ley y ha lamentado el «bloqueo» del PP a un acuerdo alcanzado por el resto de grupos parlamentarios.
«Como toda ley es mejorable y desde PSOE estamos dispuestos nuevamente al diálogo y al consenso, por responsabilidad y porque es nuestra obligación como representantes públicos», ha señalado.
De este modo, ha acusado a los ‘populares’ de rechazar una publicidad institucional «transparente, justa, profesional y alejada del clientelismo», al optar, desde su punto de vista, por «instrumentalizar la ley como un arma de propaganda y de castigo, premiando a los medios afines y castigando a los que trabajan con rigor y libertad».
Por su parte, el procurador del PP Raúl Hernández ha rechazado la normativa y ha criticado que se haya aúnado el apoyo de Vox con PSOE y Unidas Podemos, al tiempo que ha acusado a los grupos que han respaldado la Ley de pretender «amordazar e intimidar a los medios de comunicación». Así, ha calificado la reforma como un «bodrio legislativo».
Así, el procurador ‘popular’ ha insistido en que la propuesta responde a una estrategia impulsada por el Gobierno central para «silenciar a los medios nacionales» críticos con el Ejecutivo, y ha lamentado que Vox se haya sumado al resto de la oposición para facilitar la tramitación de una ley que, en su opinión, limita la pluralidad informativa.
Hernández ha subrayado que los ‘populares’ siempre ha estado abiertos al diálogo y ha reprochado a los grupos impulsores de la reforma que negaran la ampliación del plazo de enmiendas. Así, ha concluido que esta Ley no responde al interés general, sino a intereses «partidistas» y a una «intención de censura» que, según ha afirmado, «enfada y preocupa» al PP.
No obstante, el procurador de Vox Miguel Suárez Arca ha destacado el «acuerdo inédito» alcanzado entre los grupos de la oposición y ha subrayado que la tramitación de la ley ha sido fruto de un «diálogo leal», en el que se han aprobado la gran mayoría de las enmiendas presentadas, lo que, en su opinión, demuestra la «capacidad de consenso».
Durante su intervención, el procurador de Vox ha defendido un texto, que, según ha explicado, no pretende controlar a los medios de comunicación, sino «controlar a la Junta de Castilla y León» y poner fin a la utilización de «fondos públicos para beneficiar a medios afines».
Suárez Arca ha defendido que la ley establece mecanismos de control parlamentario sobre la distribución de la publicidad institucional, con lo que se garantiza que la gestión de estos recursos responda a criterios de «transparencia y pluralidad, en lugar de intereses partidistas», al tiempo que ha reconocido que establece «límites claros» a la concentración de la publicidad institucional.
Según el procurador de Vox, esta medida permitirá diversificar la contratación y fomentar la competencia, con lo que se garantiza que los recursos públicos lleguen a «un mayor número de medios y se utilicen en beneficio del interés general».
En su turno de palabra, el procurador de UPL Luis Mariano Santos ha explicado la abstención de su grupo en la votación de la Ley de Publicidad Institucional y ha centrado parte de su intervención en el límite del 33 por ciento para la contratación de publicidad institucional.
«En un mundo ideal sería estupendo que los propios medios de comunicación pudieran subsistir sin la publicidad institucional», ha señalado, a lo que ha añadido que actualmente la publicidad institucional forma parte del modelo de negocio y subsistencia de los medios de comunicación.
Así, el procurador ha insistido en que la ley necesita modificaciones para no perjudicar a los medios de comunicación, especialmente a los más débiles. «Si ustedes modifican posteriormente, o eso es la voluntad que ustedes tienen, lo cual viene a reconocer que hay que modificar algo para no perjudicar a determinados medios de comunicación, sobre todo a los más débiles», ha concluido.
El procurador Francisco Igea también ha respaldado la norma que ha concebido como un instrumento fundamental para proteger la independencia periodística. «Garantizan la libertad en este país los periodistas que no trabajan a sueldo de una administración», ha asegurado.
En su intervención Igea ha cargado contra quienes, a su juicio, presionan a los medios para modificar contenidos y ha denunciado prácticas de presión mediática que, según su testimonio, pueden alterar el contenido informativo «en cuestión de cinco minutos».
Finalmente, el procurador ha reivindicado el valor de los periodistas que «arriesgan su trabajo» por contar la verdad y ha asegurado que: «Este país no sería el mismo sin la prensa libre».
Para cerrar el debate, el procurador del PP Miguel Ángel García Nieto ha calificado la reforma planteada por Unidas Podemos y aprobada con los votos de la oposición de «un bodrio legislativo» y «un auténtico disparate».
García Nieto ha rechazado las acusaciones de prácticas mafiosas y ha asegurado que la Junta no ha ejercido presión sobre ningún procurador ni medio de comunicación. «Esa práctica mafiosa es propia del comunismo, no de un partido liberal como el PP».
Finalmente, el procurador ‘popular’ ha acusado a los impulsores de la norma de actuar «por odio hacia el PP y rencor personal contra algunos medios»