La procuradora socialista Laura Pelegrina ha reclamado este martes en el Pleno de las Cortes de Castilla y León la reapertura del Centro de Especialidades de Delicias en Valladolid, cerrado desde 2017, y ha reclamado al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que «escuche» al barrio, pese a lo que éste ha insistido en la complejidad de la obra.
Durante su intervención en el Pleno de las Cortes, Pelegrina ha recordado que el pasado miércoles los vecinos del barrio volvieron a manifestarse para exigir la recuperación de la atención sanitaria especializada, una reivindicación que se mantiene desde hace ocho años y que cuenta con el respaldo de la plataforma en defensa de la sanidad pública y de los socialistas vallisoletanos.
Durante su intervención, Pelegrina ha señalado que el cierre del centro fue una decisión «unilateral» del PP, «sin previo aviso ni justificación asistencial», y que «privó» a más de 55.000 pacientes de una atención sanitaria de proximidad.
Así, la procuradora ha acusado al actual Gobierno autonómico de dilatar la solución y obligar a los vecinos a desplazarse a otros centros como Arturo Eyríes, Pajarillos o el Hospital Río Ortega, lo que, según ha denunciado, «dificulta el acceso a los servicios sanitarios».
Ante esta situación, Pelegrina ha instado al consejero de Sanidad a no subestimar las demandas del barrio y a priorizar la reapertura del centro, que considera imprescindible para garantizar una atención digna y cercana.
Por su parte, el consejero ha trasladado en el Pleno que la puesta en funcionamiento de una infraestructura sanitaria debe responder, en primer lugar, a la cobertura de la demanda asistencial, un punto en el que ha asegurado que actualmente las consultas externas hospitalarias en las áreas de Valladolid están atendidas y que, en el último año, se han realizado 66.000 consultas más que el año anterior con las infraestructuras existentes.
Con esta base, el consejero ha subrayado que no existe ánimo de «subestimar al barrio de Delicias ni a ninguna otra zona de la Comunidad», pero ha insistido en la complejidad técnica que supone la reapertura del centro.
Según ha explicado, el edificio de la calle Trabajo pertenece a la Tesorería General de la Seguridad Social y sólo está cedido a la Junta, a lo que ha sumado que se trata de una construcción de los años 60 que no cumple los estándares actuales para uso sanitario, ya que presenta problemas estructurales, como la presencia de fibrocemento con amianto en elementos fundamentales del edificio, lo que obliga a una retirada total conforme a la normativa vigente.
Vázquez ha recordado que la Junta ha realizado estudios y actuaciones sobre la viabilidad del edificio, pero cualquier intervención requiere una elevada inversión y no garantiza una solución «plenamente satisfactoria».