QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Grupo Popular ha logrado aprobar, con el respaldo del Grupo Vox y de dos procuradores no adscritos, una Proposición No de Ley (PNL) que insta a la Junta a dirigirse al Gobierno central para que inicie los trámites necesarios con el fin de derogar la Ley de Vivienda de 2023, al considerar que ha generado inseguridad jurídica, ha reducido la oferta de alquiler e “interviene” el mercado.
La procuradora del PP María de las Mercedes Cófreces Martín ha alertado de que la oferta de vivienda es “cada vez más escasa” y los precios “cada vez más altos”, reclamando corregir la “política errática” que, a su juicio, aplica el Gobierno de España mediante una norma “ideológica” e “intervencionista” que “ha protegido al okupa y ha penalizado al propietario”. A su entender, el marco estatal ha distorsionado el mercado del alquiler y ha desincentivado la puesta de pisos en renta.
Vox ha apoyado la PNL del PP, aunque ha señalado que se queda “un poco corta” y es “poco ambiciosa”. Su portavoz, Miguel Suárez Arca, defendió una enmienda de adición —finalmente rechazada— para atajar el “cuello de botella” que, según su diagnóstico, provoca la inmigración masiva, y ha pedido acabar con la inseguridad jurídica derivada de una ley con efectos “absolutamente perniciosos”.
Suárez Arca también ha discrepado del punto de la iniciativa popular que reclama respetar las competencias autonómicas en la redacción del Plan Estatal de Vivienda, al entender que para Vox la cuestión no debe abordarse como un problema autonómico, sino a escala nacional. Pese a ello, votaron a favor de la PNL al no aceptarse el voto por separado, una fórmula que también había solicitado UPL. Unión del Pueblo Leonés finalmente se ha abstenido, al igual que Soria ¡Ya! y los procuradores Pedro Pascual y Francisco Igea.
La Cámara ha aprobado igualmente instar a la Junta a promover reformas legales para combatir la ocupación ilegal e inquiocupación de viviendas, de forma que se pueda expulsar a quienes ocupen inmuebles de manera ilícita en un plazo de 24/48 horas. El texto incluye además la puesta en marcha de medidas urgentes para disponer de más suelo urbanizado y para rebajar la fiscalidad vinculada a la vivienda, entre otras actuaciones planteadas por el PP.
Los portavoces del resto de grupos han coincidido en subrayar que la vivienda es una competencia “exclusiva” de la Comunidad, tal y como recoge el Estatuto de Autonomía. “Es la Junta la que tiene la potestad de legislar, regular y ejecutar políticas de vivienda. En otras palabras, la gestión de la vivienda en Castilla y León, alquiler, vivienda protegida, ordenación del suelo, regulación urbanística, depende principalmente del Gobierno autonómico, no del estatal”, ha recordado el socialista Pedro González para justificar el voto en contra del PSOE, reprochando al Ejecutivo autonómico que derive responsabilidades hacia Madrid.
González ha denunciado que Castilla y León figura entre las tres únicas comunidades, junto con Murcia y La Rioja, que no han emitido “ni una sola calificación provisional” para levantar vivienda de protección oficial en los tres últimos años. “En esto sí que estamos de los primeros, de auténtica vergüenza, logro conseguido”, ha ironizado, situando a la Comunidad en el segundo peor puesto del país en construcción de vivienda protegida.
El procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, también ha rechazado la PNL del PP y ha reclamado reiteradamente la puesta en marcha de “medidas radicales” que ataquen lo que considera el origen del problema: la especulación. “Hay que prohibir la compra de vivienda que no sea para residir, porque hay que facilitar de una santa vez que la gente pueda acceder a una vivienda, que los jóvenes puedan emanciparse y que la gente de cualquier edad pueda acceder a una vivienda digna”, ha reivindicado, defendiendo un giro profundo en el modelo actual.
En la misma línea crítica con la iniciativa popular, la procuradora de UPL, Alicia Gallego, ha insistido en que “la competencia es suya –de las comunidades–” y ha sostenido que la PNL del PP persigue “otra finalidad”: utilizar las Cortes de Castilla y León como “el altavoz” de su partido para reforzar al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “porque parece que viene a reiterar todo lo que ella defiende de forma constante”.
Gallego ha aprovechado su intervención para reclamar a la Junta que otorgue más margen de actuación a las entidades locales en materia de suelo urbanizado, ya que en este momento, según ha dicho, están “atadas y muy atadas” para poder promover vivienda desde los ayuntamientos.
Desde el Grupo Mixto, el procurador por Valladolid Francisco Igea ha sido tajante al emplazar al Ejecutivo autonómico a aumentar la promoción pública de vivienda. “Construyan vivienda pública y déjense de milongas”, ha reclamado, advirtiendo al PP del riesgo de “copiar el discurso” a Vox, que, según ha pronosticado, se va a “comer” a los ‘populares’.
PP y Vox tumban la PNL del PSOE sobre vivienda pública
En el mismo pleno, PP y Vox han unido sus votos para rechazar la PNL del Grupo Socialista en materia de vivienda. La propuesta del PSOE pedía a la Junta la creación de un consorcio autonómico de vivienda y suelo, en coordinación con ayuntamientos y diputaciones, con el objetivo de planificar y promover vivienda pública y movilizar suelo con finalidad social, algo que los grupos del Gobierno autonómico han descartado.
El texto socialista instaba también a impulsar una Ley de Vivienda autonómica que recogiera un derecho subjetivo con “garantías efectivas” para acceder a una vivienda digna, incorporando mecanismos de evaluación del cumplimiento y medidas “para asegurar que la oferta pública sea suficiente y estable en el tiempo”. La mayoría parlamentaria de PP y Vox ha bloqueado igualmente este punto.
Tampoco ha prosperado la petición del PSOE para que la Junta se adhiera y ejecute plenamente el Plan Estatal de Vivienda, asegurando la máxima captación de fondos, una gestión eficaz y el desarrollo de programas autonómicos complementarios que favorezcan el acceso al alquiler, la rehabilitación y la regeneración urbana, “especialmente, en municipios en riesgo de despoblación”.
El procurador del PP Francisco Javier Carpio ha acusado al PSOE de utilizar el problema del acceso a la vivienda “para hacer demagogia”, y ha criticado que sus soluciones se centren en generar más estructuras administrativas, como el consorcio autonómico de vivienda y suelo. Por su parte, el procurador de Vox Miguel Suárez Arca ha calificado ese organismo de “chiringuito” y ha presentado una enmienda al texto socialista al considerar que no había “nada salvable”.
“Ustedes votan lo mismo, piensan lo mismo, defienden lo mismo y a los mismos, a unos pocos, a los que más tienen, a los fondos buitre, a los grandes especuladores, esos son ustedes”, ha replicado la procuradora del PSOE y defensora de la iniciativa, Laura Pelegrina, convencida de que su propuesta acabará siendo aprobada cuando haya un gobierno socialista tras las próximas elecciones autonómicas.
