Luis Briones, procurador del PSOE, ha expresado su descontento este lunes respecto a la exposición de Luis Miguel González Gago, consejero de la Presidencia, sobre el proyecto de presupuestos de su cartera para 2026. Briones ha señalado que estas cuentas “vuelve a vender humo” y que “no dan respuesta a los problemas de las entidades locales ni de los empleados públicos”.
Briones ha descrito el presupuesto de Presidencia como “migajas dentro del conjunto autonómico”. El procurador ha criticado que no se haya destinado recursos para promover una nueva ley de función pública, pendiente desde 2019, ni se haya tramitado el proyecto de ley de régimen local de Castilla y León, además de mencionar la falta de medidas para renovar las instituciones o mejorar la financiación municipal.
Además, Briones ha reprochado al Gobierno regional “el fracaso absoluto” en la actualización de convenios con otras comunidades y “las ayudas arbitrarias directas que el Consejo de Gobierno sigue otorgando a ayuntamientos del Partido Popular”. También ha acusado al Ejecutivo de invertir “más en publicidad y propaganda que en financiar a las entidades locales”, con más de 50 millones de euros destinados a campañas y otros cinco millones previstos para las próximas elecciones autonómicas de 2026, inflando artificialmente el presupuesto de la Consejería de la Presidencia.
Por otro lado, María Isabel Pérez Martín, procuradora de Vox, ha denunciado que los presupuestos “bloquean 84 millones de euros que deberían destinarse a los vecinos de Castilla y León mientras aumentan los chiringuitos globalistas”. Pérez Martín ha criticado que la ejecución del gasto en cooperación local es “apenas del 26,8 por ciento”, mientras que las partidas para la Agenda 2030 han crecido un 11,6 por ciento.
En su crítica, Pérez Martín ha destacado que “la pobreza en Castilla y León alcanza ya al 24 por ciento de la población, con un 30 por ciento de pobreza infantil en el medio rural”, y ha lamentado que las ayudas a las mancomunidades no se ejecuten adecuadamente. “Antes de cambiar el mundo hay que cuidar de los nuestros”, ha concluido.
Alicia García, de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), ha lamentado que el consejero no haya concretado avances en reformas legislativas importantes como la Ley de Función Pública, la Ley de Régimen Local o la necesaria Ley de Despoblación, impulsada por UPL y actualmente paralizada.
Por último, Francisco Igea del Grupo Mixto ha calificado de “rebeldía institucional” la actitud del consejero durante su comparecencia, criticando el manejo de los fondos destinados a los medios de comunicación y la falta de transparencia en este proceso. Igea ha mencionado que «el anterior responsable de velar por la legalidad ha decidido no cumplir la ley», refiriéndose a la Ley de Publicidad Institucional, y ha recordado que «29 medios de comunicación de la Comunidad han elevado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia».