El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha cuantificado en 11,3 millones de euros el desembolso realizado por la Junta de Castilla y León en 2025 para hacer frente a las labores de extinción de los incendios registrados en la Comunidad.
Suárez-Quiñones ha ofrecido estas cifras durante el Pleno de las Cortes autonómicas, al responder a una pregunta de la procuradora socialista Nuria Rubio. La parlamentaria del PSOE ha reprochado al Gobierno autonómico que no apueste por la prevención, a la que destina una «miseria», y ha denunciado la baja ejecución del presupuesto previsto para prevención y extinción al comienzo del verano.
El titular de Medio Ambiente ha detallado que esos 11,3 millones de euros recogen los gastos de combustible de los medios aéreos y terrestres, el uso de los vehículos, la manutención y el alojamiento del personal desplazado, así como los costes de materiales fungibles, horas extraordinarias y dietas del operativo.
Junto a esta parte variable, ha recordado que el dispositivo contra incendios cuenta con un componente fijo asociado al personal funcionario y laboral de la Junta de Castilla y León vinculado a tareas de prevención y extinción. Ese capítulo 1 del presupuesto asciende a 35,6 millones de euros, según ha precisado el consejero.
A esta cuantía se añaden las partidas de los capítulos 6 y 7, con las que se sufragan las cuadrillas terrestres y helitransportadas, las infraestructuras y su mantenimiento, como torretas de vigilancia, autobombas, camiones, maquinaria pesada y vehículos ligeros, entre otros recursos. Este bloque supone 89,9 millones de euros, a los que se sumará un nuevo paquete de inversiones y mejoras del operativo, tanto en el capítulo 1 como en los capítulos 6 y 7.
Suárez-Quiñones ha subrayado además que las cuadrillas del operativo no solo se activan cuando están «en modo extinción», sino que también se ocupan de trabajos preventivos, como podas, apeos de arbolado, retirada de residuos forestales, apertura y mantenimiento de cortafuegos y otras actuaciones selvícolas.
El consejero ha añadido que, junto a estas labores, se contemplan otras inversiones canalizadas mediante subvenciones dirigidas a propietarios de montes privados para financiar tratamientos silvícolas, actuaciones de desbroce ganadero, recuperación de pastizales, clareos o podas, entre otras intervenciones.
En conjunto, ha cifrado el esfuerzo en prevención en torno a 94 millones de euros, a los que se suman las cantidades que aporta la Consejería de Empleo, Industria y Comercio a través de los programas Montel, destinados a la contratación de cuadrillas para la limpieza del «interfaz» urbano forestal. Este año, ha concretado, esa línea asciende a 8 millones de euros.
De este modo, ha situado el volumen total por encima de los 100 millones de euros y ha defendido que la Junta ha experimentado un «destacado» e «importante» incremento acumulado desde 2021 en materia de prevención. Ha recordado que ese refuerzo se impulsó tras un acuerdo en el Diálogo Social y mediante varios decretos leyes que, según ha señalado, la oposición ha «derribado».
«Por lo tanto, mire cuál es la responsabilidad de unos y la absoluta falta de responsabilidad de otros, como son ustedes», ha concluido Suárez-Quiñones desde la tribuna parlamentaria.
SIN EXPLICACIONES
En su turno, Nuria Rubio ha acusado al consejero de llevar meses «evitando decir la verdad» sobre el destino de millones de euros públicos y ha denunciado una falta de transparencia por parte de la Junta, a la que atribuye una «nefasta gestión» que, ha añadido, se está cuestionando «incluso en los tribunales».
«Cuando el PP oculta algo suele haber detrás negocio», ha afirmado la procuradora socialista, que considera que, tras lo sucedido, la ciudadanía merece «respeto y claridad», algo que, a su juicio, no se ha ofrecido.
Rubio ha señalado que el propio presupuesto «delata» al Ejecutivo autonómico, ya que, a fecha 1 de junio, la ejecución del programa de prevención y extinción se situaba en el 48,5 por ciento. De un crédito «que ya era muy escaso» de 104,3 millones de euros, ha indicado, solo se habían ejecutado 50,6 millones.
«Es decir, al inicio del verano, con el peligro asomando a nuestros montes, ustedes no habían sido capaces de ejecutar ni la mitad de lo presupuestado para prevención. Normal que con estos datos luego pasara lo que pasó», ha manifestado la procuradora, que sostiene que, si se hubiera apostado de verdad por la prevención, hoy no se estaría hablando del «desastre» ni «el enorme coste de su extinción».
La parlamentaria socialista ha acusado además al consejero de considerar la prevención un «despilfarro» y ha expuesto que apagar una hectárea de monte tiene un coste de entre 19.000 y 30.000 euros, mientras que las tareas preventivas oscilan entre 500 y 3.000 euros, «una notable diferencia». Según sus cálculos, la Junta destina entre 8 y 15 euros por hectárea a prevención. «Una auténtica miseria», ha remachado.
Rubio ha denunciado igualmente que se haya «maltratado» al operativo y ha advertido de que el consejero tendrá que «rendir cuentas» ante la Fiscalía, donde espera que «de la cara», algo que, según ha dicho, no ha hecho en el Parlamento autonómico.
«Y ha tenido la poca vergüenza de culpar a las Cortes cuando la comisión que le tenía que convocar la preside el Partido Popular, que de momento es su partido político y además tienen mayoría en la mesa. Nos toman por tontos», ha manifestado Rubio, que también ha censurado la ausencia de contestación por escrito a las preguntas registradas por su grupo.










