Todos los grupos con representación en las Cortes han rechazado una Proposición No de Ley (PNL) registrada por Vox que planteaba realizar pruebas de determinación de edad a menores migrantes no acompañados y diseñar planes de retorno a sus países de origen.
El procurador de Vox Miguel Suárez Arca ha defendido la propuesta tras un breve receso del Pleno motivado por la indisposición de la procuradora socialista María Isabel Gonzalo. Con esta PNL, Suárez Arca reclamaba a la Junta la puesta en marcha de protocolos para comprobar la edad de inmigrantes en situación irregular que se declaren menores, "cesar la asistencia sanitaria" gratuita a extranjeros sin autorización y fomentar la repatriación de menores no acompañados a sus lugares de procedencia.
Según ha argumentado Suárez Arca, "la inmigración irregular genera una presión notable sobre el Estado del Bienestar", con listas de espera "más largas" y "saturación" en la atención primaria y en las urgencias, especialmente en el medio rural, donde ya hay falta de profesionales sanitarios.
"La sanidad gratuita universal a irregulares sobrecarga un sistema ya tensionado, perjudicando a contribuyentes españoles y residentes legales", ha sostenido el procurador, quien ha cifrado en "más de 4.000 euros mensuales" el coste de la tutela de cada menor migrante no acompañado.
La PNL, finalmente rechazada con el voto en contra de todos los grupos, incluía la cooperación entre la Consejería de Sanidad y la Policía Nacional para cruzar datos de extranjeros no registrados que pidan tarjeta sanitaria; un protocolo específico de determinación de edad para inmigrantes irregulares; programas de retorno con reintegración en sus países; y un informe pormenorizado sobre el impacto económico de los servicios prestados a personas en situación irregular en todas las consejerías de la Junta.
El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha expresado su negativa a la iniciativa apelando a su experiencia profesional. "Como médico no me voy a negar a atender nunca, nunca a ningún enfermo nunca ni voy a dar datos a nadie sobre ese enfermo porque es sus datos son suyos", ha remarcado.
Desde el Grupo Mixto, Francisco Igea ha cargado contra la propuesta de Vox y ha advertido de que, cuando el PP necesite sus votos, "se comerán" sus planteamientos. Además, ha censurado el enfoque de Suárez Arca: "Vamos camino de la pérdida absoluta de la moralidad que es decirle a la gente: Es mejor que te mueras en casa porque si no te vamos a mandar de vuelta a tu país".
También por el Grupo Mixto, el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha defendido en el Pleno que la mejor respuesta frente al "odio" y la "xenofobia" es la Cultura, y ha leído unos versos de Rafael Alberti sobre inmigración.
El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, se ha posicionado igualmente en contra del texto de Vox. "Ustedes señores de Vox les suena mucho lo de 'repite una mentira suficientes veces y se convertirá en verdad' y es que es lo que llevan haciendo con sus mantras y con sus mentiras todos los días aquí la inmigración", ha reprochado, recordando que el 53 por ciento de los sorianos son emigrantes, "el dato más alto de toda España". "En materia de inmigración lecciones las justas", ha concluido.
La portavoz del PSOE, Patricia Gómez, ha rechazado con dureza la PNL, a la que ha calificado de "inhumana, vomitiva y asquerosa". "Los inmigrantes son seres humanos, tratarles como mercancías a las que casi hay que pesar, medir y poner un sellito para ver si son de buena o mala calidad para ver a qué tienen...." ha cuestionado Gómez Urbán, que ha confesado sentirse "avergonzada" por este tipo de iniciativas.
En la misma línea, ha añadido: "Me parece simplemente inhumano y repugnante, aparte de que es inconstitucional y de que es ilegal, que haya que establecer un mecanismo por el que se determine cuál es la edad de los migrantes como si fueran animales, como les digo, ya casi que hay que pesar, medir y poner un sello me parece inhumano, vomitivo y asqueroso, ojalá en este Parlamento algún día dejen de entrar iniciativas como esta".
La procuradora del PP Inmaculada Ranedo también ha mostrado su rechazo, alegando que el marco de colaboración para la cesión de datos sanitarios de extranjeros no registrados es "innecesario", ya que el deber de cooperación entre administraciones ya figura en la Ley Orgánica de Extranjería y se atienden los requerimientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado conforme a la normativa vigente.
Ranedo ha explicado que el PP defiende una política migratoria "firme" sustentada en un sistema de visados por puntos que tenga en cuenta la formación, la experiencia y el idioma; contratos en origen en sectores con falta de mano de obra; cupos por país y actividad; refuerzo de las fronteras europeas; lucha "sin tregua" contra las mafias; tolerancia "cero" con la delincuencia grave mediante expulsiones; y requisitos para la nacionalidad como un nivel B2 de idioma y pruebas culturales.