El representante de Vox, Carlos Menéndez, ha expresado su rechazo al calificar de intolerable que se otorguen autorizaciones de gran cuantía económica bajo semejantes dudas de parcialidad por parte de la Junta de Castilla y León, refiriéndose específicamente a la autorización otorgada por el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para un macrovertedero en León, relacionada con una empresa donde su hijo ocupaba un alto cargo.
Menéndez ha cuestionado la ética y la imparcialidad del Gobierno de Castilla y León en este asunto, criticando además que esta autorización no se haya revisado en la Comisión de Ética Pública, la cual está destinada a evaluar posibles conflictos de interés y asegurar la integridad institucional, según recordó. Entendemos que la incoación puede instarse también y no entendemos por qué no lo instan o si tienen algún tipo de temor a que se someta dicho expediente a esta Comisión, afirmó Carlos Menéndez.
Por otro lado, Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, aseguró que colaboran constantemente con la Comisión de Ética Pública, cuya independencia destacó, aclarando que su composición no depende del Gobierno. Esta comisión no está para dirimir confrontaciones políticas, para eso está el Parlamento de Castilla y León, señaló Fernández Carriedo, agregando que la Comisión se ha reunido doce veces durante la legislatura cuando fue considerado apropiado.
Finalmente, aclaró que la Comisión de Ética Pública no actúa como un tribunal de justicia y explicó que la labor de la Junta es colaborar con la comisión, proporcionar los medios necesarios y respetar su funcionamiento independiente.