El procurador de Vox, Carlos Menéndez, ha defendido este martes en el Pleno de las Cortes de Castilla y León una moción sobre política fiscal en la que ha afeado al Gobierno autonómico que, "tras casi dos años sin aplicar nuevas bajadas de impuestos", mantenga una estrategia tributaria que ha calificado de "estancada, ineficaz e insostenible".
Menéndez ha subrayado que el encarecimiento de la energía "aumenta el precio de la cesta de la compra" en una comunidad "con tributos propios, con una ley de tasas y precios públicos y con un tramo autonómico del IRPF congelado desde 2024". A estos factores ha añadido "una tasa de paro al alza y un número de autónomos en descenso", elementos que, en su opinión, "reflejan el fracaso de la actual política fiscal del Partido Popular".
Según ha recordado, "el consejero de Economía y Hacienda decía que la política fiscal de la Junta es moderada, inteligente y comprometida. Pero la realidad diaria de los castellanos y leoneses demuestra lo contrario", ha señalado el parlamentario, que ha descrito un panorama de "pérdida demográfica, escaso crecimiento económico, consumo débil, empleo precario, envejecimiento acelerado, energía cara, vivienda inaccesible y servicios públicos menguantes".
El representante de Vox ha incidido en que Castilla y León "cerró 2024 con una tasa de paro del 8,2 por ciento y el tercer trimestre de 2025 con un 8,7 por ciento", cifras que, según ha sostenido, evidencian "la ineficacia" del modelo vigente. También ha resaltado la merma del poder adquisitivo, con una caída del 1,8 por ciento en la comunidad frente al 1 por ciento a nivel estatal, así como el deterioro de los hábitos de consumo y del ahorro de los hogares.
En su intervención, Menéndez ha asegurado que "el legado del bipartidismo es hambre, frío y prechabolismo", y ha afirmado que Castilla y León "es el mejor ejemplo del fracaso del sistema autonómico y de las agendas globalistas". A partir de este diagnóstico, su grupo ha registrado una moción estructurada en dos bloques de medidas, dirigidas por un lado al Gobierno central y, por otro, al Ejecutivo autonómico.
Entre las actuaciones planteadas se incluyen la rebaja del IRPF, la revisión de los impuestos especiales, la supresión o reducción de tasas ligadas al proceso edificatorio, incentivos fiscales al producto nacional y la eliminación de gasto público "superfluo e improductivo" con el fin de acelerar la amortización de deuda. Asimismo, Vox propone cambios concretos en el IVA para el Gobierno de la Nación y la revisión de los tributos propios que gestiona la Junta de Castilla y León.
No obstante, la iniciativa no ha logrado el respaldo de los distintos grupos, que han anunciado su voto contrario antes de la votación prevista para este miércoles. Así, los procuradores del Grupo Mixto Francisco Igea y Pablo Fernández (Unidas Podemos) han explicado los motivos de su rechazo a la propuesta fiscal de Vox.
"Ustedes hablan de vivienda, trabajo o precariedad y lo reducen a dos soluciones mágicas: bajar impuestos y echar a los inmigrantes", ha señalado Igea, quien ha advertido de que "su discurso apela a las tripas y es moralmente reprobable, aunque políticamente eficaz". Además, ha alertado de que esa estrategia "ya ha llevado en otros países a situaciones graves, con líderes detenidos y un deterioro democrático profundo".
Por su parte, el procurador de Unidas Podemos ha descrito a Vox como el partido "de los ricos, de las élites y de los poderosos", y les ha reprochado que lleven a las Cortes planteamientos que "defienden a los rentistas, a los grandes tenedores inmobiliarios y a las grandes empresas". A su entender, la moción "pretende bajar los impuestos a los ricos", una orientación que, ha advertido, "debilita los servicios públicos de los que dependen las clases populares y trabajadoras".
En la misma línea crítica, el procurador de UPL, José Ramón García, ha apuntado que el documento "no se limita a una medida concreta o sectorial, sino que plantea una auténtica reforma del sistema tributario, de las ayudas sociales, de la política energética y del acceso a la vivienda". No obstante, ha insistido en la conveniencia de analizarlo "con serenidad, rigor y realismo jurídico y presupuestario" y ha recordado que muchas de las propuestas, como una rebaja generalizada del IVA o la reforma del IRPF, presentan una gran complejidad técnica y están condicionadas por la normativa europea y por la sostenibilidad financiera de las administraciones.
El parlamentario leonesista ha recalcado que el texto "requiere una revisión legal exhaustiva para garantizar su compatibilidad con el marco constitucional y con los derechos fundamentales". En su intervención, García ha pedido "distinguir entre diagnóstico y soluciones" y conjugar "las legítimas demandas de alivio económico" con "la obligación de mantener la viabilidad financiera y los servicios públicos esenciales que sostienen la cohesión territorial".
También ha intervenido la procuradora del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Rubio, quien ha definido la moción como un texto "sin rigor ni seriedad", elaborado "con porcentajes y datos sin citar ninguna fuente que los avale" y "carente del mínimo necesario para ser votado por un Parlamento autonómico". Rubio ha censurado que Vox "describe una España que solo existe en su ideario político", una España "que estigmatiza a los inmigrantes y protege a los poderosos".
En esa línea, ha acusado al grupo de "extrema derecha" de "no haber apoyado ni una sola de las medidas del Gobierno de España para proteger a las clases medias y trabajadoras", y ha defendido que los indicadores económicos desmienten el relato de Vox, subrayando que "España es hoy la décima economía de los principales 55 países del mundo, con un PIB per cápita un 25 por ciento superior al de 2018".
Por último, la procuradora socialista ha arremetido contra el "discurso antiimpuestos" de Vox y su rechazo a las políticas de "justicia fiscal impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez". "La extrema derecha considera cualquier contribución al Estado un saqueo", ha denunciado, al tiempo que ha acusado a Vox de "defender los intereses de los más ricos y dejar agujeros a las clases medias".
Rubio ha calificado la moción de "panfleto electoral sin contenido real" y ha adelantado el voto en contra de su grupo parlamentario "porque no puede haber justicia social sin justicia fiscal".
En la recta final del debate, la procuradora del PP Rosa Estéban Ayuso ha opinado que la propuesta de Vox está "llena de ruido, titulares y demagogia, pero sin ninguna responsabilidad de gobierno", y ha asegurado que muchas de sus ideas "son un corta y pega" de iniciativas que ya ha defendido el Partido Popular. A su juicio, el texto "resume perfectamente su política: populismo fiscal sin memoria económica ni previsión real sobre cómo mantener los servicios públicos".
La parlamentaria 'popular' ha criticado que Vox plantee rebajas "imposibles o fuera de las competencias autonómicas", reprochando a la formación que "juegue con el dinero, las expectativas y los derechos de los castellanos y leoneses". "Gobernar no es prometer rebajas fiscales imposibles, sino decir la verdad y garantizar la seguridad jurídica y presupuestaria", ha remarcado.
Para concluir, Estéban ha recordado que Vox "participó en la aprobación del presupuesto de 2024, cuando se aplicaron bajadas de impuestos junto al Grupo Popular", pero que, desde entonces, "se ha negado a debatir las cuentas autonómicas para 2025 y 2026, que contemplaban nuevas reducciones fiscales".