En lo transcurrido de 2025, los incidentes relacionados con ciberataques y la sustracción de información personal en Cataluña han afectado a casi el doble de catalanes en comparación con el año anterior, reveló Meritxell Borràs, directora de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat), durante su intervención este jueves en el Parlament, donde presentó la memoria anual de 2024 de la entidad.
«El robo de datos personales, en tanto que los ciberataques este año 2025, ya habrían comprometido los datos de más de 96.500 personas en Catalunya. Esta cifra supone casi el doble del total de personas afectadas durante el año 2024, en el que se alcanzó una cifra estimada de 52.000 personas», detalló Borràs sobre los registros de 2025 de la Apdcat.
En 2024, las notificaciones sobre violaciones de seguridad a la Apdcat disminuyeron un 0,5%. Las principales causas fueron errores humanos, que representaron el 59% del total, mostrando un aumento de 16 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, mientras que los ciberataques constituyeron un 17% de estas incidencias, marcando una reducción del 14%.
Borràs enfatizó la importancia de «no bajar la guardia ante la amenaza que supone la ciberdelincuencia» y mencionó que los ataques a entidades públicas en los últimos cinco años podrían haber afectado a aproximadamente 5,8 millones de personas.
«Es necesario seguir atentos y preparados para minimizar riesgos con sistemas de seguridad robustos y adecuados al peligro en cada caso, porque la exposición de datos personales sin control puede tener consecuencias irreparables y porque la digitalización ha trasladado también la delincuencia», advirtió.
RESOLUCIONES
En cuanto a la actividad de la Apdcat durante 2024, se registraron 1.139 denuncias y reclamaciones, lo que representa un incremento del 35% respecto al año precedente y del 84,6% desde 2022: «Una brutalidad», comentó Borràs.
Los ámbitos más denunciados incluyen salud, recursos humanos y educación. La mayoría de las resoluciones se centraron en reclamaciones por tutela de derechos y en desatención al derecho de supresión, «la mayoría de las cuales relativas a datos policiales».