La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha reclamado que se ponga en marcha en Barcelona una campaña de inspección “ejemplar” para verificar que se cumple la nueva normativa sobre alquiler de temporada y de habitaciones aprobada este jueves en el Parlament.
En una comparecencia ante los medios en la Cámara catalana, acompañada por la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, Alamany ha subrayado que la regulación ha salido adelante porque “había unos listos que se estaban intentando saltar la regulación de precios de alquiler”, y ha remarcado que el Govern de Pere Aragonès ya trató de sacarla adelante sin lograr entonces el apoyo de Junts ni del PSC.
La también líder republicana en el Ayuntamiento de Barcelona ha insistido en que la capital debe ser “ejemplarizante para el resto del país en hacer cumplir la normativa”, y ha pedido al alcalde, Jaume Collboni, que promueva además una campaña informativa para que la ciudadanía conozca con claridad cuáles son sus derechos.
Cuestionada sobre la posibilidad de que algún grupo político recurra la norma ante el Tribunal Constitucional (TC), Alamany ha contestado: “Si algún independentista tiene el sueño húmedo de que el TC le solucione su lío ideológico, se lo tiene que hacer mirar”, en referencia a Junts, formación que ha rechazado la mayoría de los artículos del texto.
DERECHO CIVIL CATALÁN
Alamany ha censurado que existan “independentistas que quieren legislar para los listos que quieren esquivar la regulación”, y ha defendido que la nueva regulación se enmarca en el derecho civil catalán, que el TC blindó, en sus palabras.
Capella, por su parte, ha reivindicado la norma como un avance en la garantía del derecho fundamental al acceso a la vivienda, y ha señalado que el siguiente paso debe ser que Catalunya disponga de una ley propia de arrendamientos urbanos, algo que ha recordado que figura en el acuerdo de investidura con el PSC.
Asimismo, ha defendido que la vía adecuada para esta regulación es la modificación del derecho civil catalán, ha abogado por que las instituciones se transformen y se ajusten a la realidad de cada momento, y ha remarcado que lo aprobado constituye un “ejercicio de soberanía, del autogobierno, de defensa de las instituciones del país”.