La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha confirmado que se prolongará la gratuidad de Rodalies “hasta la restitución completa del sistema”, como respuesta a la crisis abierta tras el siniestro de Gelida (Barcelona) del pasado 20 de enero, en el que falleció un maquinista.
En una comparecencia este jueves en comisión en el Parlament, acompañada por la consellera de Interior, Núria Parlon, Paneque ha defendido que la ciudadanía “no puede pagar el coste de una situación que no ha provocado”, por lo que el Govern ha optado por extender sin fecha límite una medida que inicialmente estaba prevista solo durante 30 días.
Ha precisado que, junto con la gratuidad, se mantendrán los refuerzos de transporte interurbano, los planes alternativos vinculados a la red ferroviaria y la suspensión de las zonas de bajas emisiones hasta poder “dar a los usuarios la estabilidad necesaria en el sistema”.
Origen de la crisis y respuesta del Govern
La consellera ha atribuido la situación de Rodalies a “una terrible ristra de hechos concatenados, uno tras otro”, que, según ha dicho, han generado unos días especialmente complicados. Ha lamentado que “hace décadas que se debería de haber hecho inversiones que no se han hecho” y ha asegurado que no rectificaría las líneas maestras que han guiado sus decisiones durante la crisis, como haber estado “al pie del cañón” pese a tratarse de una problemática que no depende solo de su departamento.
Tampoco modificaría, ha subrayado, “haber exigido que se pongan a trabajar de manera incansable Renfe y Adif para asegurar el sistema”, haber situado la seguridad de los pasajeros como prioridad y haber defendido ante el Gobierno central que debía asumir responsabilidades y ofrecer soluciones para Catalunya, textualmente.
Paneque ha apelado a la unidad y al trabajo conjunto de todos los grupos de la Cámara para sacar adelante el Pacte Nacional de Rodalies, con el objetivo de que “ningún otro Govern se vuelva a encontrar una situación” como la actual.
Ha explicado que ha pedido un calendario detallado de las actuaciones previstas en los más de 600 puntos de la red que se han revisado, y ha concretado que algunos presentan deficiencias graves que exigen intervención, mientras que otros, una vez examinados, “no han dado lugar a más intervenciones”, de modo que la cifra de puntos revisados e intervenidos se irá ajustando.
En cuanto al diálogo con la plantilla y los sindicatos de maquinistas, ha señalado que “en todo momento lo que ponen sobre la mesa son medidas de seguridad” y no reivindicaciones laborales ajenas a esta cuestión, ha puntualizado.
Respecto al coste económico de las medidas, Paneque ha calculado en 4,1 millones de euros el gasto asociado a la contratación de autobuses adicionales y en unos 600.000 euros diarios el impacto de mantener levantada la barrera del peaje de la C-32. Ha avanzado que trasladarán al Ministerio de Transportes estas cifras de impacto económico.
Gestión de emergencias el 20 de enero
En su intervención, Parlon ha descrito la actuación de los distintos cuerpos de seguridad y emergencias tras los dos incidentes del día 20: por un lado, el descarrilamiento de un tren de la RG1 en Maçanet (Girona), sin heridos, y por otro el de la R4 en Gelida (Barcelona), donde 37 personas resultaron heridas.
“Valoramos que hubo una buena coordinación en los diferentes cuerpos operativos en la realización de las tareas”, ha destacado Parlon, aunque ha añadido que también se dio una buena coordinación con los responsables de la infraestructura ferroviaria en los momentos más críticos.
La gravedad de los hechos obligó a activar en fase de emergencia el Pla territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat), que sigue actualmente en estado de alerta por “todas las derivadas” del accidente, entre ellas el corte total de la AP-7, cuya reapertura está prevista para el próximo lunes 9 de febrero.
Sobre el dispositivo, la consellera ha detallado que intervinieron 48 dotaciones de Bombers de la Generalitat (con 108 efectivos), 14 patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana de los Mossos, 4 de orden público, efectivos de policía científica, la Divisió d'Investigació Criminal y la Unitat de Drons.
Ha resaltado asimismo la puesta en marcha de un centro de atención a las familias de los viajeros, atendido por el equipo de psicólogos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y ha concluido recordando que la investigación de los hechos está en manos del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vilafranca del Penedès (Barcelona).
Cruce de reproches políticos en el Parlament
Desde Junts, Judith Toronjo ha reprochado que la comparecencia llega tarde y con escasa autocrítica por parte de las conselleras, y ha acusado a Paneque y al ministro de Transportes, Óscar Puente, de “buscar cabezas de turco, sin asumir responsabilidades políticas reales”.
Lluïsa Llop (ERC) ha considerado que la situación actual de Rodalies es el “resultado de décadas de desinversión” y fruto de un abandono continuado y una infrafinanciación prolongada, en sus palabras, por lo que ha censurado que la gestión del Govern no ha estado a la altura.
Alberto Villagrasa (PP) ha pedido una auditoría de seguridad urgente de las infraestructuras viarias de Catalunya, tanto ferroviarias como de carreteras, mientras que la diputada 'popular' Àngels Esteller ha criticado que se ha actuado de forma reactiva y no preventiva, y ha sostenido que Paneque tiene “corresponsabilidad” en lo sucedido.
Desde Vox, Andrés Bello ha arremetido contra el ejecutivo catalán por haber suspendido el servicio de Rodalies al día siguiente del accidente: “La suspensión total fue desproporcionada y cobarde”, ha afirmado, y ha cuestionado que los responsables políticos desconocieran el estado real de la red antes del siniestro.
Revisión de protocolos y responsabilidades
El diputado de los Comuns, Andrés García Berrio, ha acusado al Govern de centrarse en “realizar anuncios de otras infraestructuras, como la ampliación del Aeropuerto del Prat” en lugar de priorizar Rodalies, y ha reclamado una revisión profunda de los protocolos de gestión y comunicación de la crisis, al entender que la actuación del Ejecutivo ha transmitido sensación de descoordinación y caos.
El diputado de la CUP, Dani Cornellà, ha sostenido que la existencia de puntos críticos en la red ferroviaria “tiene nombres y apellidos”, ya que, según él, los gobiernos de los últimos años no han cumplido con sus obligaciones: “O sí que lo han hecho, desinvirtiendo en Catalunya y dejándola caer”.
Rosa Maria Soberana (Aliança Catalana) ha cuestionado que el Govern traslade la responsabilidad a ejecutivos anteriores: “Todos los que están aquí han formado parte o han hecho de muleta de diferentes gobiernos, tanto aquí como en Madrid”.
Por último, Eva Candela (PSC) ha reivindicado que se haya puesto la seguridad por delante de todo y ha instado al resto de grupos a formular propuestas concretas y contribuir a desbloquear la situación actual de Rodalies.