El nuevo Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2026-2030 prevé una inversión mínima de 5.000 millones de euros para desplegar 190 actuaciones (por ahora cuantificadas en 4.500 millones) con las que el Govern quiere impulsar una transformación profunda del tejido industrial catalán.
Durante una comparecencia en el Parlament este jueves, el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha detallado este nuevo marco estratégico, que concentra buena parte de los recursos en la mejora de las infraestructuras (1.500 millones) y deja abierta la posibilidad de superar la cifra inicial mediante la captación de financiación adicional.
El PNI fija una hoja de ruta industrial de largo alcance, alineada con las recomendaciones del informe Draghi, con metas como aumentar la productividad, avanzar hacia una economía más descarbonizada y reforzar la autonomía industrial para reducir la dependencia del exterior.
En este contexto, el conseller ha subrayado el impacto social del tejido productivo: “Los territorios más industrializados son aquellos que cuentan con una mayor cohesión social y este es un intangible de mucho valor, de un valor incalculable y más hoy en día. Es lo que queremos para Catalunya”.
Coincidiendo con la confirmación de que Catalunya volvió a superar en 2025 la barrera de los 100.000 millones de euros en exportaciones, Sàmper ha avanzado que el Govern se marca como objetivo alcanzar las 19.000 empresas exportadoras regulares y llegar a 3.500 filiales en el extranjero en 2030.
Amplio respaldo y balance de los pactos anteriores
El nuevo texto nace con un amplio consenso entre los principales agentes económicos y sociales: patronales, sindicatos, colegios profesionales, grupos parlamentarios, entidades municipalistas, universidades, cámaras de comercio, cooperativas y centros tecnológicos de Catalunya.
Es el tercer PNI, tras los correspondientes a los periodos 2017-2020 y 2022-2025. Este último se había presupuestado inicialmente en 2.800 millones de euros, pero finalmente alcanzó los 3.200 millones (+14%) gracias, en buena medida, al refuerzo de los fondos procedentes de la Unión Europea.
Refuerzo del peso industrial en la economía catalana
Sàmper ha reiterado su voluntad de incrementar la relevancia del sector industrial en la economía catalana, que actualmente ronda el 20% del Valor Añadido Bruto (VAB). Aunque el PNI 2026-2030 no fija un porcentaje concreto, el conseller ha expresado su aspiración personal: “¿Quieren saber qué pienso yo? Me gustaría llegar al 30%. Me gustaría que la industria tuviera el mayor peso posible dentro de nuestra economía”.
Cinco ejes estratégicos para el nuevo modelo productivo
El PNI 2026-2030, coordinado por el Consell Català de l'Empresa y sometido a revisiones periódicas de cumplimiento, se estructura en torno a cinco ámbitos estratégicos que pretenden ofrecer una respuesta global a los cambios del modelo productivo.
Estos ejes son: sostenibilidad y descarbonización; impulso a la digitalización y al desarrollo tecnológico (con especial énfasis en la adopción de la inteligencia artificial); formación y talento; infraestructuras y suelo industrial; y financiación y crecimiento empresarial, con foco en la internacionalización de las pymes y el aumento de su dimensión para ganar competitividad.
Inversión en infraestructuras y transición energética
El bloque que concentra más recursos es el de infraestructuras, con 1.500 millones de euros (un tercio de los 4.500 millones ya valorados), destinados a mejorar la movilidad de mercancías, avanzar en la descarbonización del transporte y reforzar la red ferroviaria, con especial atención al Corredor Mediterráneo.
En segundo lugar se sitúan las partidas ligadas a la transición energética y la sostenibilidad, orientadas a reducir los costes operativos en un entorno de precios energéticos cambiantes y a cumplir las exigencias de descarbonización marcadas por la Unión Europea.
Sectores clave y nuevas oportunidades
El PNI 2026-2030 prioriza aquellos sectores en los que Catalunya ya dispone de una posición destacada o de un notable potencial de expansión, como la movilidad eléctrica, la biotecnología y la salud, así como la industria alimentaria avanzada.
El plan también busca acelerar el desarrollo de los sectores de semiconductores y chips, y de las tecnologías del agua, considerado estratégico ante la emergencia climática y la necesidad de optimizar los procesos productivos en escenarios de sequía recurrente.
Críticas de PP y Vox al alcance del plan
En el debate parlamentario, la diputada del PP, Àngels Esteller, ha defendido que la industria catalana debería situarse claramente por encima del 20% del PIB, en línea con los objetivos del Govern, pero ha cuestionado que el proyecto presentado suponga una “transformación profunda” del ecosistema industrial.
También ha señalado la ausencia, a su juicio, de respuestas a los “obstáculos normativos” que frenan el crecimiento de las pymes, así como la falta de una mayor definición en materia fiscal y de instrumentos específicos para sectores emergentes como el de los chips.
Por parte de Vox, el diputado Javier Ramírez ha acusado al Govern de actuar movido por su “fanatismo climático”, lo que, según ha dicho, perjudica a actividades como la automovilística, y ha puesto como ejemplo el cierre de plantas y la destrucción de empleo industrial en Alemania en 2025.
Ramírez ha vinculado esta situación al “aumento de la presión fiscal” en Catalunya y ha advertido de que, con un menor PIB per cápita, las familias tendrán más dificultades para adquirir un vehículo, especialmente si es eléctrico.
Apoyos con reservas de Junts, ERC y Comuns
El diputado de Junts, Joan Canadell, ha elogiado el trabajo de la Conselleria en la elaboración del Pacto, del que ha afirmado que es “exquisitamente mejor” que el anterior, tanto por su capacidad de diálogo como por la apertura a incorporar aportaciones de otros actores.
No obstante, ha defendido que el documento “podría ser mucho mejor”, al considerar que no aborda con suficiente profundidad cuestiones como la mejora de los salarios, el impulso de la mano de obra cualificada o la definición de los sectores en los que Catalunya quiere sobresalir.
El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, ha valorado positivamente el carácter colaborativo del proceso que ha dado forma al Pacto, pero ha reclamado la creación de grupos de trabajo específicos para definir “una estrategia industrial de país de larga mirada”.
Tomando como referencia que el Plan de Industria Euskadi 2030 prevé una inversión pública de 3.900 millones de euros y otros 12.000 millones de origen privado, triplicando el volumen del pacto catalán, Albert ha criticado esta brecha teniendo en cuenta que el País Vasco cuenta con “un tercio de la población de Catalunya”.
En la misma línea, el diputado de los Comuns, Lluís Mijoler, ha destacado que el Pacte reúna las visiones de diferentes partidos, organizaciones empresariales y sindicales y otros agentes, y ha reclamado que esta herramienta actúe como un “punto de inflexión” en la política industrial.
Ha alertado de que “el éxito macroeconómico puede ser también un fracaso social”, especialmente para las rentas medias y bajas, y ha insistido en que los resultados del Pacto se traduzcan en un aumento real del PIB per cápita.