El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha comunicado que para el periodo 2026-2030, el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) dispondrá de un financiamiento público de aproximadamente 4.400 millones de euros. Durante su intervención en comisión en el Parlament, Sàmper ha afirmado que “La industria ha cambiado y las políticas industriales, por tanto, deben adaptarse a estos cambios”, destacando la elaboración conjunta del documento con los agentes sociales.
El pacto afecta a nueve departamentos de la Generalitat, con asignaciones presupuestarias de 1.350 millones de euros para Empresa y Trabajo, y 1.700 millones para Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. Actualmente, el PNI incluye 166 medidas en cinco áreas principales: sostenibilidad y energía, empleo de calidad, innovación y competitividad, infraestructuras y suelo industrial, y simplificación burocrática.
Sàmper ha detallado medidas específicas como una línea de financiación para proyectos relacionados con el cambio climático y ha resaltado la adaptación de la formación profesional a las necesidades industriales catalanas mediante el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Además, ha mencionado la promoción de doctorados industriales y una estrategia de resiliencia hídrica, subrayando la importancia de Catalunya en el sector de semiconductores y chips: “Queremos que Catalunya juegue en la primera división en los sectores estratégicos del futuro”.
DOCUMENTO «VIVO»
El conseller ha explicado que el PNI es un documento «vivo» que estará abierto a propuestas hasta el 15 de octubre para luego ser debatido en grupos de trabajo. Joan Canadell de Junts ha celebrado la inclusión de otros grupos en la redacción del texto, mientras que Jordi Albert de ERC ha pedido mayor concreción en el documento. Ángeles Esteller del PP y Javier Ramírez de Vox han expresado críticas por la presentación del conseller, señalando falta de datos y precisión. Por su parte, Lluís Mijoler de los Comuns y Conchi Jiménez del PSC han comentado sobre la necesidad de asegurar derechos y mejorar el documento con las peticiones parlamentarias respectivamente.