QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha dado su visto bueno al proyecto de ley del Govern que busca normar los alquileres de temporada. No obstante, ha expresado reservas respecto a la extensión automática de los contratos de vivienda de protección oficial (VPO) en áreas de alta demanda.
Este dictamen, revelado el miércoles tras ser solicitado por Junts y PP el pasado 4 de noviembre, ha reactivado el proceso en el Parlament. Según el CGE, la propuesta legislativa respeta el marco estatal de obligaciones contractuales y no contraviene las normas básicas nacionales.
El CGE ha reconocido que la Generalitat ha administrado adecuadamente sus competencias en derecho civil, manteniendo intactos los elementos esenciales del contrato de arrendamiento.
A TRAVÉS DE UNA LEY SECTORIAL
Junts había criticado que la regulación se incorporase mediante una ley sectorial en lugar de incluirla en el código civil catalán, y lamentaba la falta de un régimen transitorio para los contratos existentes. Sin embargo, el Consell ha argumentado que la decisión de la herramienta legislativa es prerrogativa del legislador y ha asegurado que la norma solo afectará a los contratos firmados tras su entrada en vigor, sugiriendo la inclusión de una cláusula transitoria para mayor claridad.
PRÓRROGA AUTOMÁTICA
En relación a la extensión automática de los VPO, Junts había argumentado que comprometía el principio de seguridad jurídica al modificar un decreto existente. El CGE ha apoyado esta visión, señalando la necesidad de una normativa con rango legal que defina claramente el régimen temporal de estas viviendas.
Además, el CGE ha avalado la competencia de la Generalitat para crear y gestionar un registro de grandes tenedores de vivienda, y ha validado la restricción del uso de inmuebles a través de la planificación urbanística, justificándolo como una medida de interés general para asegurar la disponibilidad de viviendas permanentes.
Finalmente, el informe concluye que el proceso de admisión y tramitación de enmiendas ha respetado el derecho de participación de los diputados y ha mantenido la coherencia con el contenido original del proyecto de ley.
