El pleno del Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha dado su visto bueno este miércoles por unanimidad al dictamen promovido por el Govern para avanzar en la localización de la estrategia europea de inversiones Global Gateway, un texto que defiende la descentralización de la política de cooperación al desarrollo.
El documento, respaldado por todos los grupos y presentado por el conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, plantea que los gobiernos autonómicos y municipales asuman “un papel estructural en las decisiones sobre dónde, cómo y con qué criterios se invierten estos recursos para cooperación”, según detalla el Govern en una nota informativa.
De acuerdo con la Generalitat, este planteamiento “permite reforzar la coherencia entre políticas, la participación democrática y la eficacia de las inversiones europeas porque las conecta mejor con las necesidades reales de las comunidades”.
“Reforzar la gobernanza democrática”
Durante su discurso en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas, sede del plenario del CDR, Duch ha subrayado que, para que la acción exterior de la Unión Europea sea realmente efectiva, es imprescindible integrar a los entes locales y regionales como “socios estratégicos y operativos”.
“Para tener éxito, Global Gateway no solo tiene que movilizar inversión en infraestructuras de calidad, sino que tiene que reforzar la gobernanza democrática, apoyar el desarrollo humano y crear asociaciones basadas en la confianza mutua”, ha remarcado el conseller ante los representantes regionales y locales europeos.
El dictamen —el primero procedente de Catalunya que el CDR aprueba desde el 2020— reclama, entre otros puntos, el reconocimiento formal de los gobiernos locales y regionales como socios estratégicos de la UE, el refuerzo de su implicación en Global Gateway y la creación de una línea presupuestaria específica para la cooperación descentralizada en el próximo marco financiero plurianual comunitario.
Global Gateway es la iniciativa de la Comisión Europea que impulsa inversiones públicas y privadas destinadas a favorecer el desarrollo de las sociedades y economías de países socios de la Unión, especialmente en áreas como África subsahariana, Ásia-Pacífico y América Latina y el Caribe.











