Candela López, coordinadora general de los Comuns y diputada de Sumar en el Congreso, ha exigido que Sareb finalice cualquier tipo de relación comercial y colaborativa con fondos de inversión de “dudosa reputación” como Blackstone y KKR, a quienes señala por su cooperación activa con la ocupación israelí en territorios palestinos. Además, López cuestiona si el Gobierno planea anular todos los contratos públicos vigentes con entidades que operen en los asentamientos israelíes, por constituir esto una infracción del derecho internacional.
Durante su intervención, López presentó varias interrogantes parlamentarias al Gobierno tras conocerse que Sareb compensará a Anticipa (relacionada con Blackstone) e Hipoges (vinculada a KKR) por la transferencia de 40.000 viviendas al Sepes. Subrayó que esta acción se contradice con el reciente decreto de embargo de armas a Israel, reafirmando la postura española contra el “genocidio” en Gaza.
López advierte que las acciones “ilegales” de Israel se extienden en diversas formas, especialmente a través de la ocupación de territorios palestinos, algo que la ONU ha condenado repetidamente. Destacó que KKR posee “importantes intereses” en empresas israelíes de ciberseguridad, además de inversiones inmobiliarias en asentamientos conflictivos como Cisjordania, los Altos del Golán y Jerusalén Este. Por otro lado, señaló que Blackstone contribuye significativamente a Israel y tiene participaciones en su sector tecnológico y militar.
López también critica la situación de “grave especulación inmobiliaria” en España, argumentando que no es apropiado que Sareb delegue la gestión de su patrimonio a fondos con estas características, dado que estos no solo invierten en la “industria de la guerra”, sino que también promueven activamente la construcción en territorios ocupados. Por ello, interroga si el Gobierno, que posee la mayor parte de las acciones de Sareb, tiene previsto renovar los contratos de gestión de su parque inmobiliario con estas empresas, y si tiene conocimiento de más contratos públicos con estos fondos, planteando la posibilidad de rescindir cualquier contrato público con empresas que operen en los territorios ocupados de Palestina.