La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha avanzado que el Govern planea asignar 4.248 millones de euros a su departamento en las cuentas de 2026, 930 millones más que en 2023, lo que supondría un incremento del 28% si el proyecto sale adelante.
En una comparecencia este miércoles en el Parlament, Martínez Bravo ha defendido que Catalunya precisa estas nuevas cuentas ante los “grandes retos sociales” vinculados a infancia, pobreza, envejecimiento y juventud, entre otros ámbitos. Ha ofrecido a ERC seguir negociando y ha advertido de que trabajar con prórrogas presupuestarias complica la gestión ordinaria.
Del total de 4.248 millones, el 60,9% (2.587,4 millones) se dirigirá a la promoción de la autonomía personal; el 22,8% (967,3 millones), a políticas de lucha contra la pobreza y de inclusión social; el 12,8% (542,2 millones), al apoyo a las familias, la prevención y protección de la infancia y las políticas de juventud, y el 3,5% (151,5 millones) a la dirección y administración generales.
Refuerzo contra la pobreza y la exclusión
En el bloque de lucha contra la pobreza, se prevén 496,02 millones para prestaciones económicas sociales destinadas a personas en situación de vulnerabilidad; 20,4 millones para cubrir el aumento del 3% del Índice de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC) hasta los 800 euros, y 880 millones para desplegar la Estrategia de lucha contra la pobreza infantil en Catalunya, con capacidad para movilizar 300 millones adicionales en prestaciones.
Las actuaciones contra el sinhogarismo dispondrán de 30 millones, con el objetivo de ampliar plazas de emergencia y llegar a 5.000 personas hasta 2029. Para mejorar el acceso a las prestaciones sociales en barrios de renta baja se reservan 20 millones; 7 millones irán a programas de acompañamiento a personas migrantes y 1 millón se destinará a la nueva Estrategia catalana del pueblo gitano.
Dentro de la creación del Sistema de Garantía de Ingresos de Catalunya, se prevé impulsar la asunción del Ingreso Mínimo Vital (IMV) con 3,5 millones de euros, además de 3,6 millones adicionales para proyectos de digitalización, innovación y adopción de la inteligencia artificial (IA).
Infancia, adolescencia y juventud
Derechos Sociales pretende reforzar las políticas de la Dirección General de Protección y Prevención a la Infancia (Dgppia) con 111 millones, con los que se pondrán en marcha nuevos proyectos contra la pobreza infantil, se crearán nuevos equipos EAIA y socioeducativos, se impulsarán iniciativas para atender trastornos graves de conducta y otras medidas para desinstitucionalizar la infancia, así como el refuerzo de la Dgppia con 300 profesionales.
Martínez Bravo ha precisado que, en términos absolutos, podría parecer que la Dgppia no incrementa su presupuesto respecto a la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), pero lo ha atribuido a la redistribución de competencias hacia otras direcciones generales tras el cambio organizativo, y ha defendido la equivalencia de recursos.
Las cuentas incluyen también 73,2 millones para consolidar y garantizar la atención en los Centros de desarrollo infantil y atención precoz (Cdiap) y 51 millones para la financiación de los centros residenciales de infancia.
La dotación para políticas de juventud crecerá un 30,4%, hasta los 75,28 millones. De ellos, 4,9 millones se dirigirán a asociaciones juveniles y de ocio; 2,5 millones a la mejora y mantenimiento de la red de albergues Xanascat; 1,5 millones para facilitar el acceso al ocio educativo, y 300.000 euros para actuaciones en locales de “caus” y “esplais”.
Nuevo modelo de cuidados y autonomía
El Govern prevé 655,9 millones para la promoción de la autonomía personal; 1.322 millones para plazas residenciales de la Red Pública de Servicios Sociales; 446,61 millones para prestaciones económicas o de dependencia; 25 millones para reducir las listas de espera de dependencia y discapacidad, y 1,23 millones para el despliegue de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria.
El proyecto de cuentas incorpora 165,8 millones para apoyo intensivo a domicilio y contempla la creación de 15 nuevas residencias públicas y 1.000 plazas adicionales, junto con un nuevo centro de día para personas mayores y 5 millones en subvenciones para equipamientos en el territorio.
Asimismo, se destinarán 450 millones al nuevo convenio de colaboración con el mundo local —un 35,6% más que en 2023— y 150 millones al nuevo modelo de fijación de tarifas, con el objetivo de incentivar incrementos salariales en el sector social.
Posiciones de los grupos parlamentarios
La diputada de Junts Ennatu Domingo ha reclamado más humildad a Martínez Bravo, ha censurado que el socio minoritario del Govern —Comuns— marque los Presupuestos y ha afirmado que el modelo de país de su formación está “a las antípodas” del presentado, que considera que no responde a las necesidades reales de Catalunya.
Por su parte, Najat Driouech (ERC) ha manifestado que el PSC “no ha hecho los deberes” y no ha logrado que el PSOE se mueva para cumplir los acuerdos, y ha subrayado que no cierran la puerta a seguir hablando y tienden la mano, aunque ha puntualizado que negociar no equivale a normalizar lo que interpreta como una falta de recursos estructural y el incumplimiento de pactos.
Desde el PP, Montserrat Berenguer ha defendido unas cuentas centradas en “poner fin a la asfixia fiscal” y ha criticado que la propuesta socialista suponga más endeudamiento del sector público, además de calificarla de continuista respecto a 2025 y recordar que, habitualmente, se ejecuta menos del 50% de las inversiones del presupuesto definitivo.
La diputada de Vox María Garcia Fuster ha acusado a la consellera de que “no trabaja para las familias catalanas” y ha sostenido que los incrementos en los programas de inclusión social y discapacidad no compensan el aumento del IPC.
En nombre de los Comuns —a quienes Martínez Bravo ha agradecido de forma reiterada su colaboración—, Núria Lozano ha defendido una mayor ambición social que sitúe el bien común por delante de los intereses particulares y del tacticismo político, y ha asegurado que unas políticas sociales y económicas eficaces son el mejor dique frente a la extrema derecha: “Por responsabilidad antifascista, es necesario que Catalunya tenga presupuestos”.
Pilar Castillejo (CUP) ha remarcado que lo relevante no es solo el porcentaje de crecimiento, sino el modelo que se impulsa, y ha lamentado que continúe “una mercantilización progresiva de los servicios sociales”.
Finalmente, la diputada Mónica Ríos, del PSC-Units per Avançar, ha resaltado que los presupuestos —tanto de Derechos Sociales como del resto de departamentos— ponen “las personas en el centro” y persiguen reforzar el estado del bienestar, apelando a la responsabilidad compartida para sacarlos adelante.