El Pleno del Congreso afrontará este martes, 28 de abril, el debate y la votación del decreto ley que contempla la extensión automática de los contratos de alquiler que caducan en 2026 y 2027, una iniciativa que, por ahora, no reúne los apoyos necesarios para salir adelante debido al rechazo de PP, Vox y Junts, que juntos alcanzan la mayoría absoluta.
Además de la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, el texto incorpora una limitación extraordinaria a la actualización anual de la renta en los contratos de arrendamiento de vivienda.
La norma se aplica desde su aprobación en el Consejo de Ministros y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 20 de marzo, y desde entonces ministros y diputados de Sumar han animado a los inquilinos a reclamar a sus propietarios la prórroga automática de los alquileres.
No obstante, como cualquier decreto ley, debe superar una votación definitiva en el Congreso para su convalidación o derogación en un plazo máximo de treinta días, tal y como marca la Constitución.
Bustinduy busca concesiones de Junts para salvar el decreto
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, se ha mostrado confiado en que el decreto consiga finalmente el visto bueno de la Cámara. Incluso ha llegado a urgir al PSOE a ofrecer a Junts el IVA franquiciado para los autónomos y determinadas bonificaciones fiscales a los caseros con el fin de lograr el respaldo de los convergentes.
Pese a ello, PP, Vox y Junts llevan semanas advirtiendo de que no han mantenido negociación alguna con Sumar y que, en consecuencia, su voto será contrario al decreto.
En el caso de Vox, el partido anunció desde el inicio que se opondría al texto, mientras que el PP también se sitúa en el 'no' porque, según la portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz, las medidas impulsadas por Sumar "no funcionan" para aliviar la crisis de vivienda y, es más, contribuyen a agravarla.
El PP carga contra la "nefasta" política de vivienda del Gobierno
Muñoz ha insistido este lunes desde el Congreso en que el actual problema de acceso a la vivienda es responsabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
"El problema está hoy mucho más enquistado que cuando él llegó y, por lo tanto, quien tiene que hacer autocrítica es el Gobierno de Sánchez y su nefasta política de vivienda", ha afirmado.
En cuanto a Junts, la formación independentista catalana ya había dejado claro desde el principio que no contemplaba apoyar el decreto, y la tensión se incrementó después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acusara a los de Carles Puigdemont de ser "clasistas y racistas".
Ese episodio llevó al líder independentista a anunciar la ruptura de relaciones con el socio minoritario del Gobierno, alejando todavía más cualquier posibilidad de respaldo a un decreto que los independentistas han rechazado desde el primer momento.