La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha confirmado que el Govern no prolongará el convenio de pobreza energética con Endesa, que ha expirado tras cuatro años de vigencia, al considerar que ha llegado el momento de abrir una “nueva etapa”. En este nuevo escenario, ha anunciado que la apuesta del Ejecutivo será activar el fondo de atención solidaria de suministros básicos.
En la sesión de control de este miércoles en el pleno del Parlament, y respondiendo a una interpelación de los Comuns, la consellera ha detallado que su departamento ha iniciado una consulta pública para poder poner en funcionamiento este fondo, que “se aprobó hace 10 años pero que no se había desarrollado hasta ahora”.
Bravo ha precisado que “las diferentes empresas, diferentes administraciones públicas” estarán en disposición de aportar recursos económicos a este mecanismo con el objetivo de dar cobertura a las situaciones de pobreza energética. Al mismo tiempo, ha subrayado que el Govern está trabajando en el desarrollo del bono social eléctrico, recientemente reformado por el Gobierno central.
La consellera ha admitido que este bono “aún no ha llegado a tantos hogares” como podría, y ha cifrado en 185.000 las familias que en Catalunya se podrían beneficiar. Ha añadido que el Ejecutivo estatal ha elaborado un informe con una propuesta técnica sobre cómo perfeccionar este bono para que llegue de forma automática a los hogares que cumplen los requisitos, con la mayor rapidez posible.
Además, Bravo ha recordado que la normativa vigente “impide los cortes de suministro a las personas con vulnerabilidad”, y ha remarcado que existe coordinación con las áreas básicas de servicios sociales. Ha añadido que este mismo miércoles se celebra una mesa de pobreza energética para avanzar en una mejor coordinación con el mundo local y reforzar las medidas que eviten estos cortes de suministro.