El Pleno del Congreso afrontará esta semana el debate y la votación sobre la toma en consideración de la proposición de ley acordada entre ERC y el Ejecutivo catalán para poner en marcha un consorcio de inversiones entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya, con el respaldo de Junts aún sin confirmar.
La iniciativa legislativa para constituir este consorcio de inversiones ha sido registrada por ERC y forma parte del pacto de investidura del president de la Generalitat, Salvador Illa, suscrito entre el PSC y los republicanos.
La finalidad de este nuevo consorcio será encargarse de la gestión y ejecución de las inversiones que el Gobierno destine a Catalunya.
Este organismo de inversiones se configurará como un ente paritario entre Gobierno y Govern, con el propósito de agilizar los proyectos, y su activación corresponderá a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales.
En todo caso, será el Pleno del Congreso quien decida este martes si inicia la tramitación de la norma, para lo cual los votos de Junts resultan determinantes. Hasta ahora, la formación de Carles Puigdemont no ha aclarado el sentido de su voto, aunque el Gobierno catalán ya les ha pedido explícitamente que respalden la propuesta.
Un plan plurianual de inversiones
De acuerdo con el texto de la proposición de ley, el primer plano de actuación se asigna al propio consorcio de inversiones, al que se le otorga la responsabilidad de elaborar el Plan Plurianual de Inversiones y los programas que lo desarrollen, además del seguimiento, la evaluación y la coordinación de las actuaciones inversoras del sector público estatal en Catalunya.
El segundo plano, relativo a la ejecución de estudios, proyectos, obras y demás actuaciones materiales, podrá ser encargado a una Sociedad Mercantil integrada en el sector público empresarial estatal y participada tanto por la Administración General del Estado como por la Generalitat de Catalunya.
“La opción por esta fórmula societaria responde a la necesidad de disponer de un instrumento de gestión dotado de mayor agilidad, flexibilidad y capacidad operativa para el desarrollo de actuaciones de inversión. Dicha Sociedad tendrá la condición de medio propio personificado y servicio técnico de las administraciones participantes”, explica la proposición de ley.