El pleno del Parlament ha dado este jueves su visto bueno a la reforma de la ley de ordenación de equipamientos comerciales. La norma ha salido adelante con el apoyo de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y AC; el rechazo de Vox, y la abstención del PP y la CUP.
La modificación busca fijar las bases del funcionamiento del sector, reforzar el comercio, en especial el de proximidad, y suavizar las limitaciones para abrir pequeños establecimientos en municipios con menos de cinco mil habitantes.
En esta línea, el nuevo texto obliga a las administraciones públicas a proteger los establecimientos emblemáticos, a desplegar políticas específicas para impulsar la actividad comercial en municipios rurales y a suprimir obstáculos administrativos en la transmisión de negocios.
La reforma también introduce una regulación específica de los 'outlets', que deberán ser establecimientos de carácter permanente y dedicados exclusivamente a la venta de excedentes de producción y de temporada. Además, fija que el precio de referencia sobre el que se aplica la rebaja en productos en promoción tendrá que ser el mínimo que haya tenido ese producto en los últimos 30 días.
Por otro lado, la ley actualizada incorpora reglas para las empresas que comercializan productos a distancia. Estas deberán ofrecer opciones de recogida y devolución en un establecimiento o punto habilitado situado dentro del perímetro de la trama urbana consolidada, y abre la puerta a que los ayuntamientos de municipios rurales puedan prestar también este servicio.
Minimizar externalidades
El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha defendido en el hemiciclo la reforma de la ley por el carácter “esencial” del comercio de proximidad, y ha subrayado que el papel de las instituciones ante los cambios en los hábitos de consumo es el de minimizar las externalidades negativas que se generan.
“Es necesario garantizar un juego de equilibrios, que la compra en línea sea compatible con la compra presencial, que el comercio de proximidad se pueda digitalizar y que el reparto a domicilio no congestione suelos y aceras”, ha añadido.
Sàmper ha valorado que la modificación supone un “paso adelante en la adecuación del marco normativo a los retos” actuales y en la concepción del comercio como motor económico, social y urbano, sustentado en una gobernanza compartida con los entes locales.
El proyecto de ley aprobado ha llegado al pleno de este jueves con 45 enmiendas de los grupos parlamentarios --6 de Junts, 22 del PP, 14 de Vox y 3 de los Comuns--, que finalmente han sido rechazadas.