El pleno del Parlament ha dado luz verde a la iniciativa para remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley que reforma la normativa de eutanasia con el fin de reducir los tiempos de tramitación judicial de los recursos presentados contra procesos de eutanasia.
La propuesta, impulsada por PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP, ha salido adelante con el respaldo de estos grupos y de Aliança Catalana. El PP y Vox han votado en contra y habían registrado sendas enmiendas a la totalidad, que finalmente han sido tumbadas.
El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y el diputado Guillem Mateo, ambos de Units per Avançar integrados en el grupo del PSC, han optado por no intervenir en la votación. Fuentes de Units recuerdan que mantienen su postura contraria a esta propuesta, en coherencia con el sentido de su voto cuando se decidió la admisión a trámite.
Su posición se basa en el acuerdo suscrito con el PSC que garantiza la libertad de voto en asuntos como la eutanasia y el aborto, y en su defensa de priorizar las curas paliativas frente a la muerte asistida.
Objetivo: evitar que los recursos dilaten los procesos
El texto plantea cambios en la Ley orgánica de regulación de la eutanasia y en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa para acelerar la resolución de los recursos contra las decisiones de las comisiones de garantía y evaluación, órganos encargados de resolver los expedientes de eutanasia, y así impedir que los procedimientos se eternicen.
La proposición fija que las decisiones impugnadas solo puedan recurrirse ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia competente por territorio y que este órgano disponga de un plazo máximo de 3 días para pronunciarse.
Estos procedimientos tendrían carácter sumario y preferente, con plazos reducidos y sin posibilidad de prórroga; frente a las resoluciones de estos tribunales únicamente se podría acudir al Tribunal Constitucional (TC).
Tras su aprobación en el Parlament, el texto se remitirá a la Mesa del Congreso para que inicie la tramitación de la proposición de ley y, en su caso, pueda ser discutida y votada en el pleno de la Cámara baja.