El pleno del Parlament ha respaldado este jueves una modificación de la normativa de función pública que otorga la condición de agente de la autoridad a los funcionarios que trabajan en los centros penitenciarios.
La propuesta legislativa, impulsada tras el asesinato de la trabajadora de cocina de la prisión de Mas d'Enric, Núria López, en 2024 a manos de un interno, ha sido aprobada con el apoyo de PSC-Units, Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, mientras que ERC, Comuns y la CUP han votado en contra.
Estos tres últimos grupos, ERC, Comuns y la CUP, habían registrado enmiendas a la totalidad del proyecto, que finalmente han sido tumbadas en el hemiciclo por el resto de formaciones.
Con la aprobación de la reforma, se reconoce la condición de agente de la autoridad a los funcionarios y cargos directivos que desarrollen tareas de régimen interior en los centros penitenciarios, con la finalidad de “dar seguridad y protección jurídica” al desempeño de su labor.
La nueva regulación también establece la obligación de la Generalitat de indemnizar a estos profesionales cuando sufran lesiones o daños materiales en el ejercicio de sus funciones.