El Parlament ha dado este jueves el visto bueno a una propuesta de resolución de ERC que insta a aprobar de forma inmediata un nuevo sistema de financiación que sea “más justo y singular” y que respete el principio de ordinalidad aplicado a Catalunya.
El texto, que igualmente plantea “abrir la puerta a una participación directa en el IVA para financiar las competencias propias”, ha salido adelante en el pleno celebrado en el marco del debate monográfico sobre la crisis del ascensor social, con el respaldo de ERC, PSC-Units y Comuns, y el rechazo de Junts, PP, Vox, CUP y AC.
Durante la sesión, el hemiciclo también ha dado luz verde a otra propuesta de los Comuns que reclama una financiación justa y singular y el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya, así como a un punto impulsado por PSC-Units que apuesta por un nuevo modelo de financiación “basado en la autonomía financiera, la coordinación, la solidaridad y la transparencia en las relaciones fiscales y financieras entre las administraciones públicas”.
En cambio, la cámara ha tumbado la iniciativa de Junts que instaba al Govern a negociar un sistema de financiación “en forma de concierto económico, que se aplique en Catalunya mediante una ley específica que regule el funcionamiento, fuera del marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca)”.
En el bloque de propuestas de ERC sí ha prosperado otro punto que reclama habilitar a la Generalitat para gestionar y recaudar el IRPF, además de crear un consorcio de inversiones que permita “garantizar que las inversiones del Estado español en Catalunya se realizan, poniendo fin a la infraejecución”.
Inmigración y competencias
En materia migratoria, el pleno ha aprobado una propuesta de Junts que insta al Govern a exigir el traspaso de las competencias de inmigración, y que apuesta por “vincular la planificación de los flujos de entrada a las necesidades laborales y a la capacidad efectiva de acogida del país”.
Por el contrario, no ha salido adelante la iniciativa del PP que censuraba la política migratoria del Gobierno central y el proceso de regularización de inmigrantes, al que definía como peligroso y masivo, y que, según los populares, “está y continuará generando un efecto llamada”.
Salario mínimo catalán
En el ámbito laboral, la Cámara ha aprobado un punto de ERC que considera imprescindible elevar el Salario Mínimo catalán hasta el 60% del salario medio en Catalunya, además de instar al Gobierno a promover los cambios legales necesarios para que la Generalitat pueda fijar su cuantía.
En paralelo, ha sido rechazada la propuesta de Junts de “promover salarios mínimos homologables a los estándares europeos mediante un salario mínimo de referencia catalán cercano a los 1.400 euros mensuales” y de negociar con el Ejecutivo central el traspaso de la competencia para establecer un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio en Catalunya.
Tampoco ha prosperado el punto de la CUP que reclamaba “profundizar en la progresividad de los impuestos, garantizando efectivamente el traspaso de la riqueza de las rentas más altas a las rentas más bajas mediante el establecimiento de un salario mínimo catalán de acuerdo con el coste de vida y en un mínimo del 60% del salario medio”.
Fiscalidad y modelo tributario
En el capítulo fiscal, el pleno ha respaldado una propuesta de PSC-Units que defiende un sistema tributario “más justo y progresivo en el que pague quien más gana, más tiene, más contamina, los grandes emisores y quien más hereda”, manteniendo los impuestos cedidos de sucesiones y patrimonio.
Asimismo, se ha aprobado un punto impulsado por los Comuns que reclama promover a nivel estatal un gravamen del 2% sobre grandes patrimonios, “con una recaudación estimada de 5.200 millones de euros anuales, con la finalidad de poner fin a los privilegios fiscales de los ultrarricos” y destinar esos recursos a una prestación universal por crianza.
También ha salido adelante la propuesta de ERC que plantea “avanzar hacia un modelo en que la Generalitat de Catalunya pueda recaudar y gestionar la totalidad de los impuestos generados en Catalunya, como mecanismo para subsanar el déficit fiscal estructural”.
Por el contrario, el Parlament ha rechazado las iniciativas de Junts para deflactar el IRPF y para “reducir de manera estructural la fiscalidad sobre la transmisión del patrimonio familiar” mediante bonificaciones del 99% en los impuestos de sucesiones y donaciones dinerarias, así como una rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales.
Tampoco han superado el trámite las propuestas del PP que planteaban reducir hasta el 4% el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y crear un sistema de incentivos fiscales en el tramo autonómico del IRPF para propietarios que alquilen viviendas a precios asequibles.
Igualmente, el hemiciclo ha descartado la iniciativa de la CUP que defendía un aumento de la carga fiscal sobre las rentas más altas, con subidas en los tramos superiores del impuesto de patrimonio, un incremento del tipo de sucesiones a partir de 1 millón de euros, la creación de un nuevo tramo del IRPF para el percentil de renta más elevado, la fijación de un “salario máximo” y un incremento del impuesto de transmisiones.
Vivienda e infraestructuras
En materia de vivienda, el pleno ha aprobado una propuesta de ERC que reclama “sacar la vivienda de la lógica del mercado” y desplegar mecanismos efectivos de control y sanción frente a los incumplimientos en la limitación del precio de los alquileres y en la regulación de las viviendas de uso turístico, los alquileres de temporada y de habitaciones, con especial atención a los grandes tenedores.
En cambio, ha sido rechazada la iniciativa de Junts que pedía “el traspaso inmediato a la Generalitat de la titularidad de los bienes inmuebles en territorio catalán que son propiedad del SEPES -anteriormente SAREB-” y que defendía activar suelo y reforzar la colaboración público-privada para aumentar el parque de vivienda asequible.
Finalmente, tampoco ha prosperado otra propuesta de Junts que instaba al Govern a negociar y obtener “el traspaso de todas las infraestructuras de movilidad en territorio catalán que aún son, parcial o íntegramente, de titularidad estatal”, entre las que se incluían puertos, aeropuertos, carreteras y líneas ferroviarias.