El presidente del Parlament, Josep Rull, ha avanzado que la Cámara catalana presentará un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que dejó sin efecto la obligación de acreditar el nivel B2 de catalán para optar a las plazas de chófer del Parlament.
En unas declaraciones realizadas este martes, Rull ha sostenido que el Parlament ha cumplido la normativa en todos los procesos de selección de personal, y ha cargado contra lo que considera una “sentencia que tiene más elementos políticos que jurídicos”.
Según el criterio de los magistrados, para las funciones propias de este puesto sería suficiente un conocimiento más elemental de la lengua, en concreto el nivel B1. Rull, sin embargo, ha recalcado que existe una categoría concreta de conductores de representación a los que “se les debe exigir este nivel un poco más avanzado de catalán”.
Reforma de los Ergi para blindar la posición de la Cámara
Rull ha detallado igualmente que la Mesa del Parlament impulsará cambios en los Estatutos de régimen y gobierno interior (Ergi) con el objetivo de dar “más solidez” a la posición de la Cámara, recordando que estos estatutos tienen rango de ley.
Ha admitido que no alberga demasiadas expectativas respecto al desenlace del recurso de casación que presentará la institución, y ha reiterado que “en este ámbito de la lengua, la justicia se está moviendo en criterios políticos y no jurídicos”, algo que ha definido como una mala noticia para Catalunya.
Ha alertado, además, de que este pronunciamiento judicial puede tener impacto directo sobre la Generalitat porque “abre una vía que genera una inseguridad extraordinaria”, y ha avanzado que se reunirá con el conseller de Política Lingüística del Govern, Francesc Xavier Vila, para coordinar una estrategia conjunta en esta materia.
“Lo que queremos es un país normal, donde sus trabajadores públicos puedan utilizar las lenguas, la lengua propia del país, con normalidad”, ha remarcado Rull, insistiendo en que la resolución no debería pasar desapercibida porque, a su juicio, tiene más calado del que aparenta.
También ha lamentado que “tiene un punto de sarcasmo que aquel ámbito donde hay una vulneración más clara y evidente de los derechos lingüísticos, que es la justicia, señale justamente al Parlament por una supuesta vulneración de derechos lingüísticos”, y ha recordado que en 2024 solo un 6% de las resoluciones judiciales en Catalunya se dictaron en catalán, según los datos que maneja.
Origen de la causa y efectos prácticos de la sentencia
La resolución judicial, cuya notificación oficial llegó este lunes al Parlament, responde al recurso presentado por Convivencia Cívica Catalana, que reclamó anular las bases de una convocatoria de plazas de conductores de vehículos oficiales destinados al traslado de altos cargos.
Fuentes del Parlament han precisado que el fallo no tendrá consecuencias inmediatas sobre el funcionamiento diario, ya que el proceso selectivo cuestionado está finalizado y todas las personas que participaron acreditaron el nivel B2 de catalán. No obstante, han expresado inquietud por el precedente que sienta la sentencia y por su posible influencia en futuras convocatorias.