El Pleno del Parlament ha dado luz verde este jueves a una iniciativa que insta al Govern a aplicar de manera efectiva la normativa sobre derecho a la vivienda y a poner en marcha "de forma inmediata" el régimen sancionador previsto en la ley catalana de vivienda.
Este mandato forma parte de una moción de los Comuns relativa a la evolución de la economía catalana y al aumento del coste de la vida, que ha contado con el respaldo de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP, mientras que PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra.
La resolución exige al Ejecutivo catalán la elaboración de un informe público en el que se detalle el número de expedientes abiertos, las sanciones impuestas, el importe de cada una de ellas y la tipología de las infracciones sancionadas, todo ello en un plazo máximo de tres meses.
Asimismo, reclama fijar un calendario para reforzar las tareas de inspección y la tramitación de estos expedientes, dotándolas de más medios materiales y de personal. Paralelamente, plantea la creación de un canal "único y trazable" de denuncia y seguimiento, accesible tanto para las administraciones como para la ciudadanía.
La puesta en marcha de sanciones por vulnerar la ley catalana de vivienda constituye una de las principales condiciones de los Comuns para abrir una posible negociación de los Presupuestos con el Govern, que actualmente mantiene más de 60 expedientes en curso pendientes de resolución.
Convenio contra la pobreza energética
En otro de los puntos, el Parlament ha aprobado pedir al Govern que garantice la protección de los hogares en situación de pobreza energética tras la finalización del convenio con las compañías eléctricas que evitaba el corte de suministros básicos.
La Cámara urge al Ejecutivo a cerrar un nuevo acuerdo o habilitar un mecanismo alternativo que mantenga estas garantías, y a que las empresas suministradoras asuman la deuda energética acumulada de estos hogares, además de sancionar a aquellas que interrumpan el suministro sin el informe previo de los servicios sociales.
Tarifas del transporte público y salario mínimo
El Pleno también ha aprobado el apartado que reclama "consolidar" las bonificaciones en las tarifas del transporte público y que el Govern presente, en un plazo de seis meses, una "propuesta de garantía de precios sociales y equidad territorial del sistema tarifario".
Por último, la Cámara insta a respaldar la propuesta del Gobierno central de elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales y a defender que esta cuantía quede exenta de tributación en el IRPF.