El Parlament de Catalunya ha acordado este miércoles continuar con la tramitación de la nueva ley del taxi después de que haya sido rechazada la enmienda a la totalidad presentada por Vox. La futura norma busca ordenar el conjunto del sector y definir con precisión las funciones de cada modalidad de servicio: taxis, vehículos de transporte con conductor (VTC), limusinas y vehículos de Alta Disposición.
La iniciativa legislativa fue registrada en septiembre del año pasado por PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP con la denominación de proyecto de ley de transporte de personas en vehículos de hasta 9 plazas. La enmienda de Vox solo ha obtenido el apoyo de este grupo, mientras que el PP se ha abstenido y los partidos impulsores, junto con Aliança Catalana, han votado en contra.
Una vez descartada la enmienda a la totalidad, el texto seguirá su curso parlamentario en ponencia y en comisión, fases en las que los grupos podrán plantear cambios al articulado. Posteriormente, el proyecto regresará al Pleno, donde se celebrará el debate definitivo y la votación final.
Taxis y VTC, enfrentados por el modelo
El conflicto entre el taxi y las VTC sigue abierto por las discrepancias sobre el contenido de la ley. El texto reconoce el taxi como servicio económico de interés general y lo sitúa en una posición prioritaria, con obligaciones de servicio público como la universalidad, la accesibilidad y la continuidad, además de someterlo a tarifas oficiales.
En paralelo, se fijan límites a las VTC, que se configuran como un servicio privado de carácter complementario que exige siempre la contratación previa por parte del usuario. La norma incorpora también una nueva categoría de vehículos de alta disposición para desplazamientos en situaciones o eventos concretos, que deberán contratarse con una antelación mínima de dos horas y cubrir, como mínimo, una hora de servicio, y regula igualmente el transporte en limusina.
La proposición contempla asimismo la regulación de las empresas intermediarias que gestionan la contratación de estos servicios, incluidas las plataformas digitales. Además, prevé la creación de una infraestructura de datos para monitorizar los trayectos y optimizar la planificación del sector.
Entre otros puntos, el texto endurece los requisitos de formación de los conductores y establece que deberán acreditar el nivel B1 de catalán, con un periodo transitorio para obtenerlo. También incorpora un régimen sancionador que prevé multas de hasta 6.000 euros para las infracciones muy graves, como operar sin la autorización correspondiente.
Desde el taxi se ha planteado esta semana la posibilidad de introducir enmiendas para permitir que los VTC puedan canjear su licencia por una de taxi durante 7 años más uno prorrogable, con el objetivo de que se "acabe el conflicto" y evitar una nueva oleada de litigios. Desde el Govern han mostrado predisposición a estudiar esta vía.
Posiciones de los grupos parlamentarios
En el debate en el hemiciclo, el diputado de PSC-Units José Ignacio Aparicio ha defendido que la propuesta permite responder a las demandas de un sector que reclama reglas claras, orden y un marco estable "ante una ciudadanía que merece un buen servicio", y ha reiterado su disposición a negociar mejoras en el texto durante la tramitación.
La diputada de Junts, Montse Ortiz, ha subrayado la necesidad de actualizar la normativa del taxi para adaptarla a la irrupción de las VTC y de las plataformas digitales, pero ha reprochado al Govern que no haya querido escuchar ni buscar un acuerdo amplio, por lo que su grupo ya ha anunciado que presentará enmiendas.
El diputado de ERC Joan Ignasi Elena ha puesto en valor el trabajo realizado para disponer de una ley del taxi que, según ha dicho, resulta imprescindible "ante la dispersión normativa que existe y que genera inseguridad e incertidumbre", y que debe ofrecer garantías tanto a los profesionales como a los usuarios.
Desde los Comuns, el diputado Lluís Mijoler ha defendido la necesidad de frenar la desregulación y de concebir el taxi como "un servicio básico con obligaciones de servicio público". Ha avanzado que su grupo quiere introducir cambios para que la modernización del sector no suponga precariedad laboral, para reforzar el control público sobre las plataformas y para asegurar la viabilidad del taxi en las zonas rurales.
Regular frente a la 'uberización' del transporte
La diputada de la CUP, Laure Vega, ha sostenido que regular este ámbito es una forma de combatir la 'uberización' de la economía que, a su juicio, consiste en presionar el mercado reventando precios para después encarecer las tarifas: "Las tarifas dinámicas se han aplicado en los momentos en los que además se necesitaba un servicio tan esencial como es el transporte de personas".
En representación de Vox, el diputado Andrés Bello ha defendido la enmienda a la totalidad de su grupo, reclamando una nueva regulación que devuelva al sector la "seguridad jurídica". Ha criticado que la proposición no garantice el equilibrio entre los distintos operadores y ha sostenido que debería tramitarse como proyecto de ley del Govern, redactado por los servicios jurídicos y con audiencia formal a los sectores implicados.
La diputada del PP Àngels Esteller ha justificado la abstención de su partido alegando que la norma tendría que haberse presentado como proyecto de ley, ya que, asegura, la proposición carece de informes técnicos y de un análisis de impacto. Ha añadido que el texto afecta a la movilidad y a la libertad de empresa y no corrige las "distorsiones" de una oferta que considera desequilibrada.
Por último, la líder y diputada de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, ha manifestado su oposición a la proposición, de la que ha afirmado que reduce la oferta de movilidad sin "ninguna previsión" de que disminuya la demanda. A su entender, ello agravará los tiempos de espera de los usuarios, dado que los taxis ya no pueden asumir toda la carga de trabajo.