El Parlament ha dado luz verde este miércoles a una ampliación del régimen sancionador de la ley destinada a garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y a combatir la homofobia, la bifobia y la transfobia.
La Cámara catalana ha aprobado esta reforma a partir de una proposición de ley impulsada por PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP para modificar la normativa vigente. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de estos grupos y el voto en contra de PP, Vox y una de las dos diputadas de Aliança Catalana (AC) --Sílvia Orriols no ha participado en la votación pese a encontrarse en el hemiciclo--.
La nueva norma, que sustituye y deja sin efecto la anterior, actualiza su articulado tras 11 años de vigencia con el objetivo de reforzar la igualdad de trato, evitar cualquier forma de discriminación y garantizar el derecho a la libre autodeterminación de la identidad y de la expresión de género.
Entre los cambios introducidos, se amplía el régimen sancionador, que ahora concreta los derechos de la víctima durante todo el procedimiento y aumenta los supuestos que configuran las infracciones, clasificadas por niveles de gravedad, con multas que oscilan entre 300 y 500.000 euros.
DERECHO DE REPARACIÓN
El articulado incorpora además el derecho de reparación de la víctima y prevé medidas accesorias o alternativas para la persona infractora, siempre condicionadas al consentimiento de la víctima.
Asimismo, se establece una protección específica para las personas trans e intersexuales, se refuerza el enfoque interseccional de la ley y se fija la obligación de las administraciones públicas de impulsar espacios de memoria democrática del movimiento LGTBI y de las personas trans, así como de reparar la falta de visibilización histórica de las lesbianas.
El texto contempla también la creación de la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral, concebida como estructura de coordinación de los Serveis d’Atenció Integral LGTBI (SAI) y de los puntos de información LGTBI. Esta red se configura como un servicio de referencia, atención y acompañamiento para estas personas y sus familias, que deberá desplegarse en el conjunto del territorio.