El PSC tumba la iniciativa de la CUP sobre el catalán en la escuela y reivindica un amplio consenso en el modelo

El PSC rechaza debatir la ley de la CUP sobre el catalán en la escuela, reivindica el consenso actual y destaca la cifra histórica de afiliación laboral.

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La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Elena Díaz, ha justificado el rechazo de su grupo a que se debata en el pleno la proposición de ley de la CUP en defensa del catalán en los centros educativos, subrayando que “hay un consenso político muy amplio” en torno al actual modelo de escuela catalana.

“Compartimos este modelo y creemos que tenemos que continuar manteniendo este modelo”, ha afirmado en una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, insistiendo en que los socialistas se sienten cómodos con el sistema lingüístico vigente.

Díaz ha reiterado que los socialistas no son “partidarios de la tramitación de la ley que ha presentado la CUP”, y ha puesto en valor el compromiso del Govern con la escuela catalana, así como la decisión del Ejecutivo de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que deja sin efecto parcialmente el decreto que refuerza el uso del catalán en las aulas.

En la misma comparecencia, la portavoz ha recalcado que “nosotros creemos que los alumnos de Catalunya tienen que salir con un aprendizaje excelente de las lenguas oficiales en Catalunya”, defendiendo así la necesidad de garantizar un dominio elevado tanto del catalán como del castellano al finalizar la etapa escolar.

Cifra “histórica” de afiliación y políticas sociales

En otro orden de cosas, Díaz ha puesto el foco en la cifra “histórica” de 22 millones de afiliaciones a la Seguridad Social en el conjunto del Estado, y ha atribuido este dato a las políticas progresistas del Gobierno central, que, según ha indicado, tienen un impacto directo en Catalunya.

Asimismo, ha resaltado que en marzo “se han seguido consolidando derechos como el despliegue de la ley ELA o la aprobación de la tramitación de la ley de las personas mayores”, apuntando a estos avances normativos como ejemplo de la agenda social del Ejecutivo.