Entidades del colectivo LGTBI han valorado muy positivamente la aprobación en el Parlament de la nueva ley que refuerza y amplía el régimen sancionador para combatir la LGTBIfobia. “Hemos dado un paso adelante en favor de los derechos humanos, de la igualdad y de la calidad democrática”, ha señalado el presidente de la Plataforma LGTBI de Catalunya, Alberto Martín, en una comparecencia ante los medios.
Portavoces de distintas organizaciones han mostrado su satisfacción tras la votación de este miércoles, en la que el pleno ha dado luz verde a una proposición de ley impulsada por PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP para modificar la normativa vigente. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de estos grupos y el voto en contra de PP, Vox y AC.
Martín ha subrayado que “por primera vez no solo se reconocen derechos, sino que se blindan las herramientas para que estos derechos sean efectivos” gracias a un régimen sancionador más robusto, obligaciones precisas para la administración y un marco jurídico que aporta mayor seguridad a las personas afectadas.
En la misma línea, la vicepresidenta del Consell Nacional LGBTI de Catalunya, Fina Campàs, ha remarcado que se trata de un “paso decisivo y traslada los derechos del papel a la realidad con seguridad jurídica y con voluntad clara de garantizar que nadie quede atrás”.
Asimismo, Luisa García, coordinadora de la plataforma Creación Positiva, ha destacado que la nueva normativa “reafirma la necesidad de protección y defiende a los defensores de derechos en estos tiempos convulsos y amenazantes”.
Reclamo de recursos y aplicación efectiva
Bajo el epígrafe “VOLUNTAD POLÍTICA”, el coordinador del Observatori contra la LGTBI-fobia, Cristian Carrer, ha reclamado a las formaciones con representación parlamentaria “voluntad política” para desarrollar plenamente la ley y ha urgido a dotarla de presupuestos y medios suficientes para hacerla efectiva.
Por último, la jurista y defensora de derechos humanos Laia Serra ha resaltado que la incorporación del principio de diligencia debida en la norma permitirá que los colectivos puedan fiscalizar su cumplimiento y supervisar la actuación de las instituciones.