Desde el próximo 1 de noviembre, la Dirección General de Prestacions Socials de la Generalitat asumirá completamente la gestión de las ayudas destinadas a extutelados, operando “en base a datos e interoperabilidades”, como lo confirmó Mónica Martínez Bravo, consellera de Derechos Sociales de la Generalitat.
Durante la sesión de control en el Parlament este miércoles, Martínez Bravo destacó que la administración de estas prestaciones se realiza desde hace tiempo mediante el procesamiento automático de datos: “Hemos prácticamente erradicado la problemática de fondo de los pagos indebidos”, enfatizó.
La consellera también resaltó que el Govern ha enfrentado “con valentía la transformación de esta dirección general para gestionarla en base a los más altos niveles de excelencia”, en respuesta a las preguntas del PP acerca de los jóvenes extutelados que recibieron ayudas por error.