QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Tras la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 15 de Barcelona, que condenó al Ayuntamiento de Vic por establecer requisitos de catalán excesivamente elevados para acceder a empleos municipales, la Generalitat de Cataluña ha mantenido al menos dos reuniones con representantes del consistorio. Así lo confirmó Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística, durante una sesión de control en el Parlament.
En dicha sesión, la diputada de Junts, Anna Erra, criticó a Vila por no haberse pronunciado sobre lo que ella considera “un nuevo caso de persecución judicial” contra el uso del catalán. Vila respondió que se han discutido medidas para asegurar que todos los empleados públicos puedan respetar los derechos lingüísticos de los ciudadanos.
Además, frente a las acusaciones de Erra sobre la falta de apoyo al Pacte Nacional per la Llengua, que Junts no ha suscrito, Vila argumentó que las críticas de este partido parecen centrarse más en quién lidera la iniciativa, destacando que el pacto busca promover el respeto por los derechos lingüísticos entre los funcionarios.
