El comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha informado de que el Govern abrirá un expediente a Renfe por no haber prestado esta mañana el servicio ferroviario de Rodalies. Según ha señalado, la Generalitat considera que la falta total de servicio supone un incumplimiento grave de las obligaciones de la operadora y dará lugar a la exigencia de responsabilidades formales. Rodalies tiene 400.000 usuarios diarios, que se han visto privados de su medio de transporte sin previo aviso.
Segundo día consecutivo sin trenes en Cataluña
La decisión del Govern llega después de que Rodalies haya vuelto a quedar completamente inoperativa por segundo día consecutivo tras el accidente ocurrido en Gelida (Barcelona). A primera hora de la mañana, la operadora informó a través de sus redes sociales de que los trenes no circularían “por causas operativas”, sin ofrecer una explicación detallada ni un horizonte claro de restablecimiento.
La suspensión se produjo pese a que la Generalitat había anunciado el miércoles una reapertura progresiva del servicio a partir de las 6:00 horas, tras las inspecciones técnicas realizadas por Adif.
La Generalitat mantiene abierto el seguimiento de la situación mientras evalúa el alcance del incumplimiento y las medidas que puedan derivarse del expediente anunciado.
"Causas operativas"
Si Renfe no ha ofrecido una explicación pública concreta sobre las causas que han impedido la prestación del servicio ni ha respondido al anuncio de apertura de expediente por parte del Govern, alegando “causas operativas” para la interrupción, lo que está diciendo, jurídicamente relevante, es que no puede prestar el servicio sin incumplir la ley de seguridad ferroviaria y de prevención de riesgos.
Con esta alegación no se blinda automáticamente frente a sanciones, pero sí dificulta que prosperen las más graves, salvo que se demuestre negligencia estructural o mala fe.
Oficiosamente, se ha apuntado a una presunta "huelga encubierta" de maquinistas como parte de esas "causas operativas" expuestas por la compañía.
¿Qué implica para Renfe la apertura de un expediente?
Que la Generalitat “abra expediente” a Renfe por no prestar servicio Rodalies tiene implicaciones prácticas y políticas:
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Activa la potestad inspectora y sancionadora de la Generalitat sobre el servicio de Cercanías en Catalunya (aunque la infraestructura siga siendo estatal).
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Coloca el foco en el “incumplimiento de la obligación de prestar el servicio” y abre la puerta a multas y, en determinados supuestos, a medidas accesorias (y a exigir medidas correctoras).
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Políticamente, eleva la presión sobre Renfe/Estado en pleno debate de gobernanza de Rodalies (más aún con el contexto de parón del servicio por “causas operativas” y el choque con maquinistas).
A partir de ahí, a qué sanciones se expone Renfe depende de por qué vía tramite la Generalitat el expediente (ferroviaria/servicio público versus consumo).
- Vía “ferroviaria/servicio” (Generalitat como autoridad del servicio de Cercanías): El Real Decreto 2034/2009 (traspaso de Cercanías) es la pieza clave, dado que establece que la Generalitat asume, para Cercanías en Catalunya, regulación, planificación, gestión, coordinación e inspección del servicio; puede fijar niveles de calidad, formalizar contratos de gestión con la operadora, hacer seguimiento y adoptar medidas correctoras, y aplicar el régimen sancionador por infracciones a la normativa reguladora del servicio. Ese mismo real decreto explicita además que la Generalitat se subroga en el Contrato-Programa y remite a un convenio Generalitat–Renfe para concretar condiciones de gestión y prestación.
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Vía “consumo” (derechos de los usuarios): en Rodalies, la Generalitat también ha actuado a través de la Agència Catalana del Consum aplicando el Codi de consum de Catalunya (Llei 22/2010), cuando la conducta se formula como vulneración de derechos de consumidores (información, prácticas desleales, atención, etc.).
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Vía “contrato de servicio público” (penalizaciones por incumplimiento): como marco general europeo, el Reglamento (CE) 1370/2007 regula los contratos de servicio público (OSP) y el esquema de compensaciones/obligaciones con operadores cuando una autoridad competente encarga un servicio público de transporte.
¿A qué se expone Renfe “en números”?
Como ya hemos apuntado, dependerá del encaje jurídico final del expediente:
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Si va por Ley Ferroviaria catalana (Llei 4/2006): hasta 300.000 € por infracción muy grave, con posibles medidas accesorias (suspensión/revocación en supuestos cualificados y/o de reincidencia).
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Si va por Consumo (Llei 22/2010): hasta 1.000.000 € (y potencialmente más si se aplica el mecanismo de multiplicación por beneficio/perjuicio), además de sanciones accesorias.
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Si se articula como incumplimiento del contrato/convenio del servicio público: penalizaciones “contractuales” (calidad/compensación/medidas correctoras), apoyadas en el esquema de traspaso y subrogación del RD 2034/2009.
Choque institucional en pleno debate sobre el traspaso de Rodalies
La apertura del expediente se produce en un contexto especialmente sensible: el proceso de traspaso de Rodalies del Estado a la Generalitat. El colapso del servicio y la falta de información previa a los usuarios han reavivado el malestar político y social en torno a la gestión ferroviaria en Cataluña.
Desde el Govern se subraya que la ausencia de servicio ha tenido un impacto directo en miles de trabajadores y estudiantes, que se han encontrado sin alternativas de transporte en plena jornada laboral.