La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha revelado planes para anular las deudas originadas por pagos incorrectos en las prestaciones a jóvenes extutelados. Esta declaración se produjo durante su participación en la Comisión de la Sindicatura de Comptes del Parlament, en el contexto del debate sobre el Informe de fiscalización 6/2025, que examina las prestaciones de derecho subjetivo de la Conselleria correspondientes al año 2022.
“La condonación no es la solución, es la manera para que las consecuencias no las paguen los más vulnerables”, explicó Martínez Bravo, indicando que la Conselleria está explorando opciones legales para facilitar esta condonación. La revisión de estas prestaciones comenzó en junio de 2025, tras su transferencia desde la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l’Adolescència (DGPPIA) a la Direcció General de Prestacions Socials.
El problema principal, que originó estos pagos incorrectos, sería el comienzo de la actividad laboral de los jóvenes y el retraso en adaptar la cantidad de la prestación a las nuevas situaciones de los beneficiarios, afectando al 85% de los expedientes con posibles pagos indebidos. Martínez Bravo aclaró que estos no constituyen una irregularidad, sino una consecuencia de la lentitud administrativa para ajustar o suspender las ayudas, y destacó que “Los pagos indebidos salen a la luz cuando las administraciones públicas tienen capacidad para detectarlos”.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)