El magistrado Josep Tomàs Salàs ha comparecido este jueves en el Parlament de Catalunya para justificar su candidatura a la dirección de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), subrayando que ejercerá el cargo desde “la más estricta neutralidad política y desde la más amplia lealtad institucional”.
Ante la comisión de Asuntos Institucionales (CAI), Salàs ha explicado que su objetivo es consolidar la labor de la OAC manteniendo un perfil continuista, pero combinándolo con un proceso de “empoderamiento funcional y tecnológico” que refuerce la capacidad operativa del organismo.
Ha insistido en que la Oficina debe centrar buena parte de sus recursos en la prevención de la corrupción y en la protección de las personas alertadoras. Según ha remarcado, “no es que los trabajos de investigación sean menos importantes, al contrario, pero las competencias en prevención y en protección son exclusivas, si no las hace la Oficina ningún otro organismo está obligado a hacerlo”.
En esta línea, ha reclamado una normativa específica sobre alertadores que concrete de forma clara las medidas de apoyo y resguardo “con mayor especifidad”, de manera que se garantice un marco de seguridad jurídica y de acompañamiento efectivo para quienes denuncian irregularidades.
El magistrado ha puesto el acento en la creciente exigencia ciudadana de combatir la corrupción y ha abogado por impulsar “de apertura hacia el mundo local y hacia el mundo universitario”, con el fin de tejer más alianzas y extender la cultura de integridad en todos los niveles de la administración y del ámbito académico.
Asimismo, ha defendido que la OAC debe seguir plenamente integrada en los espacios de cooperación ya existentes: “Y, por descontado, la Oficina tendría que continuar con la red catalana, estatal e internacional de organizaciones y oficinas de lucha contra la corrupción donde, con humildad pero con orgullo, podemos decir que la OAC es un referente”.
Designación pendiente del pleno y quejas por la falta de consenso
Salàs ha sido propuesto para el cargo por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y será nombrado nuevo director de la OAC si el próximo pleno del Parlament avala su designación. De ser aprobado, sustituirá a Miguel Ángel Gimeno, cuyo mandato concluyó el pasado mes de septiembre.
Durante la sesión, Junts, PP, Vox y la CUP han mostrado su desacuerdo con la forma en que se ha tramitado la propuesta, reprochando que Illa haya impulsado el nombramiento sin “consenso” previo con el conjunto de los grupos parlamentarios.
En su intervención, el magistrado ha dicho comprender el malestar expresado por estas formaciones, aunque ha defendido que el procedimiento seguido se ajusta a la legalidad, al considerar que no comporta “una irregularidad o no hay directamente una ilegalidad jurídica”. También ha manifestado su disposición a comparecer en la Cámara “cada vez que quieran los grupos”, para rendir cuentas de su gestión.
Críticas de Junts, PP, Vox y CUP al procedimiento
La diputada de Junts, Glòria Freixa, ha censurado que el Govern no haya contado con su partido a la hora de decidir el nombre de Salàs y ha reclamado posponer el nombramiento “para más adelante cuando haya habido previamente este consenso político”.
En términos similares, el portavoz del PP, Juan Fernández, ha lamentado la ausencia de acuerdo amplio, si bien ha precisado que la intención de su grupo es “ser constructivos en este proceso y no cuestionar ninguna candidatura por motivos partidistas”, al tiempo que ha valorado positivamente la trayectoria profesional del magistrado.
Desde Vox, Joan Garriga ha reprochado que el PSC impulsara la propuesta sin reunirse con los distintos grupos y ha concluido: “Aunque estamos acostumbrados, porque es un partido que está todo el día haciendo cordones antidemocráticos”.
Por su parte, el diputado de la CUP, Dani Cornellà, ha sostenido que el procedimiento “no se ha hecho bien” y ha abogado por modificar la ley de la OAC para que cargos como el de director “no sean a dedo”, sino que se elijan mediante un comité de expertos independientes, con criterios técnicos y alejados de los equilibrios partidistas.
Posicionamiento de PSC, ERC y Comuns
En el bloque de los grupos favorables a la candidatura, la diputada del PSC, Ivana Martínez, ha puesto el foco en la protección de los alertadores que Salàs ha destacado en su intervención y ha pedido un acuerdo amplio para desplegar la ley que garantice su seguridad y acompañamiento.
Marta Vilalta (ERC) ha reclamado al magistrado que la discreción y neutralidad con la que se ha comprometido a ejercer la dirección “no sea sinónimo de ponerse de perfil o no de querer molestar”, de forma que la institución refuerce la confianza ciudadana y la transparencia en sus actuaciones.
Desde los Comuns, Lluís Mijoler ha defendido que la Oficina Antifrau “sea un referente de neutralidad” y que sus investigaciones no se utilicen ni se vean condicionadas por intereses políticos o personales, sino que respondan exclusivamente a criterios técnicos y jurídicos.
Alianza Catalana no ha participado en la sesión, ya que ninguna de sus dos diputadas ha asistido a la comisión.