El portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha dado a conocer este viernes un informe jurídico encargado por su grupo en el que, afirma, se avala que el Govern puede poner fin al contrato con Renfe para la prestación del servicio de Rodalies, al quedar acreditado un “incumplimiento” reiterado de varias obligaciones por parte de la operadora ferroviaria.
En una comparecencia en el Parlament, ha defendido que, del mismo modo que se puede rescindir el contrato por estos incumplimientos continuados, la Generalitat dispone de base legal para trasladar la gestión de Rodalies a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) “por adjudicación directa”, o bien mediante un concurso público.
“Seguir dependiendo de Renfe para la gestión de Rodalies es por voluntad política. En ningún caso existe ningún escollo jurídico”, ha remarcado el portavoz, que ha subrayado que no se trataría de un traspaso amistoso, sino de una reacción de “contraataque en defensa propia”, según sus palabras.
Ha añadido que “si el servicio prestado por Renfe supone un incumplimiento, como es el caso, de las obligaciones esenciales del contrato, la Generalitat puede, en uso de sus competencias que comprenden la regulación, la planificación, gestión e inspección de estos servicios, rescindir el contrato con Renfe, en el marco de un procedimiento administrativo de resolución contractual”.
Incidencias constantes y obligaciones de Renfe
Según Vergés, basta con analizar las incidencias registradas en la red durante el año 2025 para demostrar jurídicamente el incumplimiento de Renfe, que a su juicio no se debe “por causas de fuerza mayor”, y que se sostiene en dos aspectos: la prestación regular del servicio y la obligación de garantizar la seguridad de los usuarios.
Ha señalado que, aunque una parte de las averías y problemas en la red correspondan a Adif, Renfe tiene el deber de informar “inmediatamente de los retrasos y cancelaciones, asistir a los viajeros durante interrupciones y contar con canales accesibles y actualizados”, algo que, sostiene, no se ha cumplido en los últimos años.
Ha precisado que la petición de rescindir el contrato se dirige a Renfe y no a Adif porque Renfe es la operadora del servicio, cuya titularidad corresponde a la Generalitat, mientras que Adif es la propietaria de la infraestructura. Por ello, en paralelo, reclaman también el traspaso de los activos de Adif a la administración catalana.
Expediente de resolución y continuidad del servicio
El informe plantea que, para romper el contrato con Renfe, la Generalitat debe abrir un expediente informativo de resolución (o incorporarlo al que el Govern ya ha iniciado con motivo de la última crisis en Rodalies), en el que se fijarían “una penalización, un advertimiento y una sustitución gradual”, además de medidas provisionales urgentes hasta que finalice la prestación actual.
En ese expediente se incluiría un trámite de audiencia para que Renfe pueda alegar y se dictaría una resolución motivada sobre el fin del contrato y los “efectos económicos que comportaría”.
Pese a ello, el portavoz ha asegurado que Renfe estaría obligada a mantener el servicio hasta que una nueva empresa asumiera la operación: “Renfe, hablando claro, no puede dejarte plantado. En el momento en que inicias el expediente, Renfe no puede abandonar el servicio”.
Además, una vez deje de operar, Renfe tampoco podría retirar los medios adscritos al servicio, ya que, según ha recalcado Vergés, los activos —como trenes y personal— “no están adscritos a Renfe, sino al servicio”.
Posible traspaso a FGC y plazos
Los juristas consultados por Junts concluyen que FGC podría asumir la gestión de Rodalies mediante adjudicación directa (o por concurso), y citan como precedentes las líneas de Rodalies de Lleida RL3, entre Lleida y Cervera (Lleida), y RL4, entre Lleida y Manresa (Barcelona). Para ello, la Generalitat articularía un periodo de transición con medidas cautelares.
Vergés ha admitido que, con FGC como nueva operadora, los problemas no desaparecerían de inmediato: “No nos quedamos ningún caramelo, nos estamos quedando un enfermo que está en la UCI. ¿Por qué? Porque no se le ha aplicado la vacuna preventiva correspondiente y ahora nos encontramos con un enfermo que no sabemos ni cómo salvarlo”.
En cuanto al calendario, ha indicado que la rescisión del contrato y el relevo de operadora podrían completarse en la actual legislatura del Parlament si esta se agota: “En el plazo de un año, un año y pico, máximo dos, que es cuando debería terminar lo que queda de esta legislatura”.
Ha añadido que la dirección de FGC ha manifestado en diversas ocasiones que la compañía pública está preparada para asumir “lo que el Govern quisiera”.
Junts llevará esta propuesta al Pleno del Parlament de la próxima semana mediante una moción, y Vergés ha instado al PSC a apoyarla: “Veremos el PSC qué vota. Si quiere proteger a los usuarios o bien lo que prefiere es proteger a la Renfe”.
Conflicto laboral y negociación con el Estado
Preguntado por los posibles conflictos laborales con los maquinistas ante un cambio de operador en Rodalies, ha respondido que ojalá se llegue a ese escenario, pero que sería un problema que “seguro” se podría encarar, y que no puede convertirse en el eje del debate.
También ha advertido de que, por el estado actual de la red, puede haber pocos incentivos para que otras empresas se presenten a un concurso para operar el servicio, por lo que ve imprescindible transferir igualmente la infraestructura y “los recursos para poder hacer el mantenimiento y las inversiones pendientes”, insistiendo en que la gestión también podría pasar a FGC por adjudicación directa.
Por último, ha apuntado que esta cuestión, junto con el traspaso de la infraestructura, puede convertirse en “una cuestión más de las tantas” que Junts plantee en el Congreso de los Diputados, recordando que el acuerdo de Bruselas para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluía textualmente el compromiso de superar “las miserias del autogobierno”.