Junts ha demandado este jueves la implementación de cambios en la normativa que permitan a los consistorios catalanes intervenir en urbanizaciones que aún no han sido regularizadas. Estas áreas, caracterizadas por carencias en urbanismo y servicios básicos, no están formalmente aceptadas por los ayuntamientos.
En una conferencia de prensa en el Parlament, Judith Toronjo, secretaria de Organización, reveló que en Cataluña existen alrededor de 1.500 urbanizaciones, de las cuales casi la mitad no están regularizadas.
Por su parte, la alcaldesa de Maçanet de la Selva (Girona), Natàlia Figueras, ha exigido soluciones integrales en lugar de ‘parches’ temporales, alegando que las regulaciones vigentes no son suficientes para atender las necesidades de los residentes en estas áreas.
Advierten de la incapacidad de los ayuntamientos para abordar los déficits en estas urbanizaciones, lo que podría resultar en la falta de servicios básicos como alcantarillado, agua y luz ‘de forma normal u ordinaria’, desencadenando así problemas sociales.
Aunque ve en la modificación de la Ley de Vivienda una oportunidad, Toronjo enfatizó que la solución debería ser ‘por una amnistía normativa o por tratar a estas urbanizaciones con una casuística propia’. ‘Lo que necesitamos es que se nos facilite poder recepcionar o poder lograr la titularidad de estos espacios o núcleos’ para poder actuar, explicó.
Asimismo, subrayó la necesidad de una política clara de financiación, pues su objetivo es garantizar que los habitantes de estas urbanizaciones ‘puedan tener los mismos derechos y condiciones de vida que cualquier otro ciudadano en cualquier barrio de su ciudad’.