El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha anunciado que el proyecto de Presupuestos de 2026 prevé asignar 1.392 millones de euros a su departamento, lo que supone 254,3 millones más que en 2023 y un incremento del 22,3% respecto a ese ejercicio: “Nunca ha habido tantos recursos para modernizar y descongestionar el servicio público de justicia”.
Durante su comparecencia de este jueves en el Parlament, ha defendido que estas cuentas “consolidan una transformación profunda del sistema de justicia en Catalunya y ponen las bases de un servicio público más ágil, próximo y eficiente”.
La mayor parte del montante será gestionado directamente por el departamento, con 1.324 millones (un 21,9% más que en 2023), mientras que 82 millones se destinarán al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) (+34,2%), 7,3 millones al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Cejfe) (+17,4%) y 2,7 millones al Memorial (+26,9%), entre otras partidas.
Espadaler ha subrayado que las líneas maestras del presupuesto son “la descongestión” de los órganos judiciales y el refuerzo del Turno de Oficio dentro de la Administración de justicia, así como avanzar hacia prisiones más seguras y con mejor convivencia en el ámbito de la ejecución penal.
Administración de justicia
En el capítulo de Administración de Justicia, el Govern prevé la creación en 2026 de 91 nuevas unidades judiciales en Catalunya, lo que implicará incorporar alrededor de 300 nuevas plazas de personal funcionario, un coste ya incorporado en las cuentas.
El departamento contempla también una inversión de 12,45 millones de euros para impulsar la digitalización del ámbito penal, de las oficinas de justicia y de los atestados telemáticos: “La transformación digital es imprescindible para conseguir una justicia más eficiente, más accesible, más transparente y más ágil”.
Para acercar la justicia a la ciudadanía, el Govern calcula en 92,7 millones la dotación necesaria para reforzar la asistencia jurídica gratuita, mejorar las condiciones de los profesionales del Turno de Oficio y ampliar los servicios mediante nuevos módulos: “Este servicio es fundamental para garantizar que nadie quede excluido” del sistema judicial.
En infraestructuras judiciales, se prevé una inversión de 230,7 millones de euros para el Fòrum de la Justícia de Tarragona, el nuevo edificio judicial de Martorell (Barcelona), la Audiencia de Barcelona y la nueva sede de Santa Coloma de Farners (Girona).
Ejecución penal
Con la finalidad de que los centros penitenciarios sean “espacios seguros y de convivencia”, el proyecto presupuestario asigna 10,4 millones al relanzamiento del CIRE, 11,5 millones a programas de medidas penales alternativas, 9,2 millones a reforzar la atención a personas vulnerables en ejecución penal y 2,3 millones a sistemas de inhibición de drones y telefonía en diversos centros.
En cuanto a nuevas obras y ampliaciones, se estima un coste de 241,8 millones para finalizar el Centro Abierto de la Zona Franca de Barcelona, levantar el Centre Penitenciari de Dones en la misma zona y construir dos módulos adicionales en Mas d’Enric (Tarragona), entre otras actuaciones.
Además, se consignan 109,5 millones para rehabilitar y modernizar prisiones como Brians 1 (Barcelona), Quatre Camins (Barcelona) y Ponent (Lleida), junto con 17,2 millones para centros de justicia juvenil.
Memoria, asuntos religiosos y derecho civil
En el ámbito de Memoria Democrática, el foco se sitúa en el despliegue de la Ley de Memoria Democrática, actualmente en tramitación parlamentaria, y de la Ley de desaparición forzosa de menores, además de un nuevo plan de fosas y ayudas a entidades memorialistas.
Respecto a Asuntos Religiosos, el presupuesto reserva 2,2 millones para el apoyo a confesiones y entidades religiosas y 0,1 millones para la actualización del Mapa religioso de Catalunya, con la finalidad de garantizar el derecho a la libertad religiosa y el “diálogo”.
En materia de Derecho civil, las cuentas incluyen el impulso del libro 6 del Código Civil de Catalunya y el refuerzo de los mecanismos de control y supervisión de asociaciones y fundaciones.
También se prevé una partida de 0,7 millones para un módulo destinado a promover el uso del catalán en la asistencia jurídica gratuita, con una bonificación para abogados y procuradores, además de un plan específico para la ejecución penal y otro para fomentar el catalán en comunidades religiosas.
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
El diputado de Junts, Agustí Colomines, ha reprochado a Espadaler que buena parte del aumento se concentre en gasto estructural, especialmente en retribuciones de personal, y que “6 de cada 10 euros nuevos” no se orienten a reformas de calado.
Por parte de ERC, la diputada Ana Balsera ha advertido de que su grupo no se sentará a negociar las cuentas con el PSC hasta que existan “garantías para el cumplimiento de la recaudación del IRPF”, algo que ha enmarcado en el acuerdo de investidura y no en un mero gesto político.
El representante del PP, Pere Lluís Huguet, ha sostenido que los Presupuestos no priorizan el bienestar de la ciudadanía catalana, al concentrar las mayores subidas en Presidencia, Deportes o Unión Europea, y ha cifrado en un 1,15% el incremento real en Justicia respecto a 2023, reclamando “una inversión extraordinaria” para la Administración de justicia.
Desde Vox, el diputado Rafael Villafranca ha acusado al conseller de anteponer “la supuesta feminización de la justicia a la protección real de las víctimas o la creación de una supuesta memoria histórica colectiva antes que la construcción de centros penitenciarios”, de presionar con su ideología a quienes optan por el castellano en los juzgados y ha calificado de sectaria la ley de memoria democrática.
En cambio, Andrés Garcia Berrio, de los Comuns, único grupo dispuesto a respaldar las cuentas, ha valorado positivamente el acuerdo en memoria democrática, que permitirá aplicar de forma “correcta la ley”, así como el pacto para ampliar y dotar de personal la administración de justicia con el fin de poner en marcha las nuevas unidades judiciales y el incremento del 50% en el presupuesto de justicia restaurativa.
El diputado de la CUP, Xavier Pellicer, ha vinculado directamente pobreza y delincuencia y ha defendido que, en lugar de ampliar prisiones, habría que abordar las causas del aumento de población reclusa, como la desigualdad o determinadas situaciones médicas. También ha criticado que el Govern presente ahora las cuentas, tras el descarrilamiento de Rodalies y las protestas en sanidad y educación: “Necesita un paso adelante para taparse las vergüenzas”.
La diputada del PSC, Lídia Ferré, ha destacado que la justicia y el Turno de Oficio se sitúen en el núcleo de estos Presupuestos como un “servicio público esencial”, y ha valorado la apuesta por la reinserción, la modernización del sistema judicial y la voluntad de acercarlo a la ciudadanía dotándolo de más recursos.
Réplica de Espadaler
En su turno final, Espadaler ha defendido que la reforma de la Administración de justicia ha sido de gran calado y que se ha sustituido un modelo organizativo vigente desde hace más de un siglo: “Quiero recordar que en los últimos 10 años la media ha sido la creación de 10 unidades judiciales al año. Este año crearemos 91”.
Ha pedido a los grupos parlamentarios que faciliten la aprobación de las cuentas, advirtiendo de que Catalunya no puede renunciar a los 9.126 millones de incremento respecto a 2023 que contemplan los nuevos Presupuestos, porque permiten financiar políticas públicas que afectan directamente a la población. En este contexto, ha recordado que su departamento atiende a personas a menudo muy vulnerables: “Creemos en la bondad de este presupuesto”.