Representantes de la escuela concertada en Catalunya han hecho llegar este martes a los grupos del Parlament sus enmiendas a la Proposición de ley que fija un mínimo del 6% del PIB para la educación, acompañadas de 77.978 firmas de apoyo del sector, con la intención de que el texto legislativo también les tenga en cuenta.
La delegación ha mantenido además un encuentro institucional con el presidente del Parlament, Josep Rull, para detallarle la entrega de las enmiendas y el proceso de recogida de firmas, según explican en un comunicado conjunto las distintas entidades de la concertada catalana.
Durante la reunión, han recordado a Rull que el acuerdo suscrito con el Govern el 10 de marzo es un “primer paso” para abordar la infrafinanciación histórica de la escuela concertada y garantizar la continuidad del modelo educativo catalán.
Al mismo tiempo, han subrayado que siguen pendientes cuestiones relevantes, entre ellas la situación del profesorado que pierde su puesto de trabajo “fruto de la reducción de conciertos”.
El secretario general de Federació d'Ensenyament de la Usoc (FEUSOC), Enrique Gallego, ha advertido de que la renovación de conciertos que tramita la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, si no se modifica, “podría implicar la pérdida de más de 300 puestos de trabajo en los próximos 6 años” y reclama un pacto que permita la reubicación de este personal.
Financiación suficiente y gratuidad efectiva
El presidente de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (CCAPAC), Santi Giménez, pone en valor haber rebasado el umbral de 50.000 firmas —el mínimo necesario para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)— y sostiene que ello “demuestra que es una reivindicación profundamente sentida y ampliamente compartida pro las familias y la ciudadanía”.
Por su parte, la secretaria general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), Meritxell Ruiz, remarca que, pese al pacto alcanzado con el Govern, las entidades de la concertada mantendrán las negociaciones para avanzar hacia la gratuidad real de la enseñanza, y subraya que reclaman “una financiación suficiente para que las familias no tengan que competensar lo que es gratuito por ley”.
Reivindicaciones del sector concertado
El conjunto de la escuela concertada en Catalunya demanda que la nueva ley incorpore una financiación “suficiente para garantizar la gratuidad de la escuela concertada para las familias”, un refuerzo de las plantillas para equipararlas a las del sistema público y la homologación salarial y de condiciones laborales de todo su personal.
Las entidades avanzan asimismo que solicitarán una reunión con el Síndic de Greuges de Catalunya, ante quien prevén exponer tanto las enmiendas como el volumen total de firmas recogidas.