La CUP ha registrado una denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) por "posibles irregularidades graves en la gestión de programas destinados a jóvenes extutelados en Catalunya", gestionados por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) a través de entidades colaboradoras.
En una nota difundida este jueves, los 'cupaires' señalan que el paso de acudir a la Olaf se produce "después de años de denuncias, informes de órganos de control y la falta de corrección de un modelo de gestión" que la formación califica de opaco y fallido.
La queja se dirige a programas sufragados en parte con fondos europeos, en especial el Fondo Social Europeo Plus, entre los que se incluyen las prestaciones de autonomía, los pisos asistidos y otros recursos residenciales de transición.
Según el escrito remitido, se habrían detectado "deficiencias graves y sistemáticas de control, certificaciones inadecuadas de gastos, indicios de facturación de 'plazas fantasma' e irregularidades en el régimen de copago" en estos dispositivos.
Críticas a la gestión y exigencia de responsabilidades
La líder de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, ha censurado que la administración haya hecho recaer sobre los jóvenes extutelados las consecuencias de "los errores de gestión", reclamándoles cantidades económicas por supuestas prestaciones indebidas.
El partido anticapitalista sostiene que los mecanismos internos de la administración y los trabajos de la comisión de investigación en el Parlament "no han servido para depurar responsabilidades" y considera necesario recurrir a las instituciones europeas para asegurar transparencia y esclarecer los hechos.
"La protección de la infancia no puede ser un negocio", ha remarcado Castillejo, que ha exigido auditorías externas independientes, la asunción de responsabilidades políticas y administrativas y situar los derechos de la infancia y la juventud como eje central del sistema de protección.