La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, detalló este miércoles que el anteproyecto de Presupuestos de 2026 asigna 113 millones de euros a su departamento. Si las cuentas salen adelante, esta cifra supondrá un aumento del 17% respecto a 2023 y cuadruplicará en diez años los recursos dedicados a estas políticas.
“No hablamos sólo de un incremento presupuestario, es un salto cualitativo que consolida el departamento como pieza clave dentro del engranaje del Govern para garantizar que nadie quede atrás”, remarcó durante su comparecencia en comisión parlamentaria, en la que expuso las principales líneas de actuación del área.
En un escenario en el que persisten las desigualdades y las discriminaciones, especialmente hacia las mujeres y las personas LGTBI+, Menor precisó que el objetivo es desplegar el Pacte Català contra les Violència Masclistes; el Pla Estratègic de Polítiques d'Igualtat de Gènere 2026-2030; la Agenda Catalana per a la Conciliació i la Corresponsabilitat, y sacar adelante el primer pacto nacional contra los discursos de odio.
Entre las actuaciones previstas figura también la extensión del servicio de acompañamiento sociocomunitario para el colectivo LGTBI+, el respaldo a la candidatura de Barcelona para acoger el WorldPride 2030 y, en el ámbito de la memoria y la sensibilización feminista, la conmemoración de los 50 años de las Primeres Jornades Catalanes de la Dona, además de nuevas formaciones en igualdad y prevención de violencias machistas.
Refuerzo frente a las violencias machistas
“Mientras haya una mujer en Catalunya víctima de violencia machista, la existencia de este departamento estará más que justificada”, enfatizó Menor, que detalló que se destinarán 50,7 millones, 29 más que en 2023, a reforzar la prevención, la atención y la reparación integral de las víctimas.
Con estos fondos se pondrán en marcha 5 Servicios Técnicos de Punto de Encuentro, un servicio de intervención especializada, el despliegue del Punto Lila itinerante en todo el territorio, un servicio de mentorías para mujeres víctimas y el refuerzo del SIE Digital para mejorar la accesibilidad y la atención.
La partida para conciliación y corresponsabilidad asciende a 25 millones, que se complementan con los Fondos Corresponsables. Con esta dotación, la Agenda Catalana per a la Conciliació i la Corresponsabilitat busca impulsar medidas que permitan ganar tiempo a las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, y avanzar hacia un reparto más equilibrado de las tareas de cuidados.
Asimismo, el departamento pretende consolidar la red de profesionales de igualdad de género, desarrollar programas de coeducación y corresponsabilidad y dar continuidad a proyectos como “+Dones + Futur”, orientado a fomentar el arraigo y las oportunidades laborales de las mujeres en el sector primario.
Discriminación y discursos de odio
Para hacer frente a la discriminación y a los discursos de odio, el Govern reserva 3,2 millones con la finalidad de prevenir estas conductas y reforzar la convivencia democrática. Entre las medidas previstas destacan una nueva línea del Acuerdo Marco en derechos humanos, el despliegue del Pacte Nacional contra els Discursos d'Odi y programas formativos en derechos humanos y educación en valores democráticos.
La Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació también verá incrementados sus recursos, con 1,7 millones destinados a ampliar el acompañamiento psicosocial a las víctimas, promover formaciones en igualdad de trato y antirracismo y reforzar el análisis y la intervención frente a las distintas formas de discriminación.
En cuanto a las políticas públicas LGTBI+, el departamento contará con 5,4 millones para desarrollar el servicio de acompañamiento socio-comunitario, poner en marcha el centro de documentación y memoria del colectivo y apoyar la candidatura de Barcelona al WorldPride 2030.
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
La diputada de Junts, Laura Martínez, insistió en que las cuentas llegan tarde y sin apoyos suficientes para ser aprobadas, y criticó que Igualdad y Feminismo sea el segundo departamento con menos recursos y el que menos crece proporcionalmente, lo que, a su juicio, sitúa estas políticas “como no prioritarias” para el Govern.
Desde ERC, la diputada Anna Balsera evitó pronunciarse sobre el contenido concreto de las políticas del departamento y reiteró que su grupo no se sentará a negociar los Presupuestos hasta que se garantice la cesión a Catalunya de la recaudación del IRPF, reclamando a los socialistas que presionen “al PSOE, especialmente a la ministra Montero”.
Por parte del PP, la diputada Belén Pajares recordó la enmienda a la totalidad registrada por su formación contra unas cuentas que, según dijo, perpetúan “la asfixia fiscal que sufren los catalanes y las políticas y el modelo económico y social de la extrema izquierda”, y sostuvo que el área que dirige Menor forma parte de una administración que, a su entender, fija mal sus prioridades y crea agencias y consejos para colocar a conocidos.
“Este departamento es un monumento al gasto superfluo”, afirmó la diputada de Vox Júlia Calvet, que defendió que Igualdad y Feminismo no debería existir porque, en su opinión, su creación responde a un capricho ideológico, no protege a nadie, y menos aún a las mujeres, y no responde a los problemas ni la realidad de los catalanes.
La diputada de los Comuns, Susanna Segovia, defendió que los Presupuestos son positivos y subrayó la responsabilidad de impulsar políticas con capacidad de transformación e impacto en la vida de la ciudadanía a corto y largo plazo, reivindicando las medidas feministas y de igualdad promovidas en los últimos años.
A pesar del incremento de recursos del departamento, la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, cuestionó que la dotación represente solo el 0,23% del total de las cuentas en un contexto en el que, señaló, persisten las desigualdades, la feminización de la pobreza y las estructuras patriarcales: “No necesitamos más campañas y sí más derechos efectivos”.
Por último, la diputada de PSC-Units, Elena Díaz, sostuvo que las cifras presupuestarias demuestran la apuesta por reforzar el estado del bienestar y la voluntad de garantizar la igualdad, los derechos humanos y la lucha contra cualquier forma de discriminación “como pilares centrales de una sociedad democrática avanzada”.